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Se abren diligencias en Madrid contra la presidenta de Patrimonio Nacional por posible amaño en contratos del Valle de los Caídos
La Fundación Española de Abogados Cristianos denuncia a Ana de la Cueva por prevaricación y malversación en contratos de mantenimiento.
Publicado: 10 de julio de 2025, 12:32
El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha decidido abrir diligencias contra Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, a raíz de una denuncia realizada por la Fundación Española de Abogados Cristianos. Esta acción judicial se centra en el presunto amaño en la adjudicación de contratos para el mantenimiento del Valle de los Caídos, donde se acusa a la presidenta de la posible comisión de delitos de prevaricación del funcionario público y malversación de caudales públicos.
La denuncia señala que De la Cueva adjudicó contratos por un total de 600.000 euros a la empresa Limpiezas Manchegas Bécquer, la única oferta presentada, a pesar de sus problemas financieros y litigios pendientes. También se menciona el incumplimiento de la normativa de transparencia, ya que la documentación de los contratos no está disponible públicamente, contraviniendo la Ley 9/2017.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha resaltado que esto refleja un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de apropiar el Valle de los Caídos. Además, se advierte del alto riesgo de impago de la empresa adjudicataria, que podría tener implicaciones significativas tanto legales como políticas en la administración pública.
La denuncia señala que De la Cueva adjudicó contratos por un total de 600.000 euros a la empresa Limpiezas Manchegas Bécquer, la única oferta presentada, a pesar de sus problemas financieros y litigios pendientes. También se menciona el incumplimiento de la normativa de transparencia, ya que la documentación de los contratos no está disponible públicamente, contraviniendo la Ley 9/2017.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha resaltado que esto refleja un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de apropiar el Valle de los Caídos. Además, se advierte del alto riesgo de impago de la empresa adjudicataria, que podría tener implicaciones significativas tanto legales como políticas en la administración pública.