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Santos Cerdán busca su libertad mientras el Tribunal Constitucional evalúa su situación legal y las pruebas en su contra.
La defensa del exsecretario de organización del PSOE presenta nuevos argumentos y solicita declaraciones que podrían esclarecer su caso.
Publicado: 8 de septiembre de 2025, 06:35
Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, se encuentra en prisión preventiva desde el 30 de junio de 2025, acusado de varios delitos, incluidos cohecho y organización criminal. Su defensa ha intensificado sus esfuerzos para lograr su liberación, presentando nuevos escritos ante el Tribunal Supremo, mientras el Tribunal Constitucional evalúa su solicitud de amparo, argumentando que su encarcelamiento vulnera sus derechos.
El Tribunal Constitucional decidirá si acepta la solicitud de Cerdán para ser excarcelado, lo cual tiene implicaciones significativas. La defensa ha solicitado la declaración de 20 guardias civiles, argumentando que el caso podría tener motivaciones políticas para desacreditarlo. Este contexto ha atraído la atención tanto de medios como del entorno político, resaltando los efectos de la política sobre el proceso judicial.
Recientemente, se ha revelado que figuras del PSOE, incluido el presidente Pedro Sánchez, han expresado apoyo a Cerdán, calificándolo de amigo y defendiendo su honorabilidad. A pesar de su situación legal, Sánchez afirmaba que lo haría "con la mano en el fuego". Cerdán argumenta que no existe riesgo de destrucción de pruebas, sugiriendo que su encarcelamiento ha sido innecesario. Con la decisión del Tribunal Constitucional a la vista, tanto Cerdán como su defensa permanecen en una encrucijada que podría definir su futuro legal. Su situación se complica aún más en el contexto de investigaciones adicionales: recientes revelaciones indican que el exsecretario se ha mostrado muy crítico con la investigación, señalando que las pruebas en su contra son insuficientes y contienen irregularidades. Además, ha solicitado que el Tribunal Supremo convoque a agentes de la Guardia Civil implicados en su caso para que testifiquen sobre la legalidad de las pruebas presentadas en su contra. También han salido a la luz audios incriminatorios que, según la defensa, carecen de una cadena de custodia clara y no pueden ser considerados pruebas válidas, lo que añade un nuevo elemento de controversia al caso. La reciente vuelta al poder del PSOE también ha influido, con declaraciones de otros miembros del partido que piden una revisión de su situación. En este marco, continúan las discusiones sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de las instituciones durante el mandato de Rajoy, que involucran a figuras relevantes y afectan al PSOE de manera directa.
El Tribunal Constitucional decidirá si acepta la solicitud de Cerdán para ser excarcelado, lo cual tiene implicaciones significativas. La defensa ha solicitado la declaración de 20 guardias civiles, argumentando que el caso podría tener motivaciones políticas para desacreditarlo. Este contexto ha atraído la atención tanto de medios como del entorno político, resaltando los efectos de la política sobre el proceso judicial.
Recientemente, se ha revelado que figuras del PSOE, incluido el presidente Pedro Sánchez, han expresado apoyo a Cerdán, calificándolo de amigo y defendiendo su honorabilidad. A pesar de su situación legal, Sánchez afirmaba que lo haría "con la mano en el fuego". Cerdán argumenta que no existe riesgo de destrucción de pruebas, sugiriendo que su encarcelamiento ha sido innecesario. Con la decisión del Tribunal Constitucional a la vista, tanto Cerdán como su defensa permanecen en una encrucijada que podría definir su futuro legal. Su situación se complica aún más en el contexto de investigaciones adicionales: recientes revelaciones indican que el exsecretario se ha mostrado muy crítico con la investigación, señalando que las pruebas en su contra son insuficientes y contienen irregularidades. Además, ha solicitado que el Tribunal Supremo convoque a agentes de la Guardia Civil implicados en su caso para que testifiquen sobre la legalidad de las pruebas presentadas en su contra. También han salido a la luz audios incriminatorios que, según la defensa, carecen de una cadena de custodia clara y no pueden ser considerados pruebas válidas, lo que añade un nuevo elemento de controversia al caso. La reciente vuelta al poder del PSOE también ha influido, con declaraciones de otros miembros del partido que piden una revisión de su situación. En este marco, continúan las discusiones sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de las instituciones durante el mandato de Rajoy, que involucran a figuras relevantes y afectan al PSOE de manera directa.