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Santiago Pedraz asume la investigación de la trama de corrupción en la que está implicada Leire Díez y otros en la SEPI
La Audiencia Nacional investiga amaños en adjudicaciones públicas que habrían beneficiado a los tres imputados con comisiones millonarias.
Publicado: 26 de diciembre de 2025, 11:29
El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha asumido la investigación sobre la presunta trama de corrupción que involucra a Leire Díez, Vicente Fernández, y Antxon Alonso. El juez Santiago Pedraz liderará esta causa, que se encuentra bajo secreto judicial, y los investigados están acusados de malversación, tráfico de influencias y organización criminal por operaciones que les habrían reportado al menos 750.000 euros en comisiones ilegales.
La trama se destapó con la detención de los implicados, quienes fueron liberados bajo condiciones restrictivas. La denuncia revela que formaron un grupo llamado 'Hirurok', con el objetivo de influir en la administración pública para la concesión de contratos. Las menciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil destacan cinco operaciones significativas realizadas entre 2021 y 2023 que incluyen la manipulación de contratos por valor de 132,9 millones de euros.
Los imputados deben cumplir con libertades vigiladas, incluyendo comparecer cada quince días ante el juzgado y prohibición de abandonar el país. La investigación trata de determinar el alcance de los amaños y el posible impacto en la gestión pública y la transparencia gubernamental.
La trama se destapó con la detención de los implicados, quienes fueron liberados bajo condiciones restrictivas. La denuncia revela que formaron un grupo llamado 'Hirurok', con el objetivo de influir en la administración pública para la concesión de contratos. Las menciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil destacan cinco operaciones significativas realizadas entre 2021 y 2023 que incluyen la manipulación de contratos por valor de 132,9 millones de euros.
Los imputados deben cumplir con libertades vigiladas, incluyendo comparecer cada quince días ante el juzgado y prohibición de abandonar el país. La investigación trata de determinar el alcance de los amaños y el posible impacto en la gestión pública y la transparencia gubernamental.