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Sánchez se compromete a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2025 generando controversia en el Gobierno
El aumento de 10.471 millones de euros en defensa despierta críticas de socios de coalición y cuestionamientos legales.
Publicado: 23 de abril de 2025, 14:57
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado su firme compromiso de que España alcanzará el 2% del PIB en gasto en defensa este año 2025, movido por un contexto geopolítico cada vez más tenso. Este compromiso, que hasta hace poco era objetivo para 2029, implica una inversión adicional de 10.471 millones de euros en defensa, garantizando que no afectará al gasto social del país.
Durante la presentación del plan, se destacó que este aumento se destinará en gran medida a la modernización de las capacidades de defensa, así como a mejorar las condiciones laborales de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el anuncio ha generado un intenso debate interno, especialmente con Sumar, quien considera el gasto 'exorbitado' y ha solicitado la retirada del incremento, lo que evidencia divisiones en el Gobierno y cuestionamientos sobre las necesidades de defensa.
Además, se ha mencionado la necesidad de un marco legal nuevo que legitime estos gastos, lo que complica la gestión presupuestaria actual, que se basa en presupuestos prorrogados. Esto levanta preocupaciones sobre la legalidad del gasto y su impacto en la política exterior, reflejando una tensión entre la inversión en defensa y el bienestar social en el contexto político actual.
Durante la presentación del plan, se destacó que este aumento se destinará en gran medida a la modernización de las capacidades de defensa, así como a mejorar las condiciones laborales de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el anuncio ha generado un intenso debate interno, especialmente con Sumar, quien considera el gasto 'exorbitado' y ha solicitado la retirada del incremento, lo que evidencia divisiones en el Gobierno y cuestionamientos sobre las necesidades de defensa.
Además, se ha mencionado la necesidad de un marco legal nuevo que legitime estos gastos, lo que complica la gestión presupuestaria actual, que se basa en presupuestos prorrogados. Esto levanta preocupaciones sobre la legalidad del gasto y su impacto en la política exterior, reflejando una tensión entre la inversión en defensa y el bienestar social en el contexto político actual.