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Salvador Illa presenta un acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat por 3.200 millones de euros en medio de tensiones políticas
La propuesta contempla la prolongación de la tercera pista y compensaciones ambientales para mitigar el impacto en la Ricarda.
Publicado: 10 de junio de 2025, 12:35
Este martes, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado un acuerdo histórico para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat que implica una inversión de más de 3.200 millones de euros. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar la infraestructura y permitir su crecimiento como un importante hub internacional. La propuesta incluye la prolongación de 500 metros de la tercera pista, la construcción de una nueva terminal satélite y mejoras en las terminales existentes. Se espera que las obras comiencen en 2030 y culminen en 2033.
El debate alrededor de la ampliación ha estado marcado por controversias, especialmente por su impacto ambiental en la laguna de La Ricarda, un ecosistema protegido. Illa ha subrayado que la propuesta cumple con los más altos estándares medioambientales, ofreciendo compensaciones que incluyen la renaturalización de más de 270 hectáreas en la región según los planes revisados que se están discutiendo. No obstante, los partidos de izquierda, incluyendo ERC y los Comuns, han expresado su oposición a la ampliación, sugiriendo repercusiones negativas para el medio ambiente y la comunidad local.
El compromiso por parte de la Generalitat de respetar las normas medioambientales es un punto clave en la negociación, incluyendo la creación de un fondo ambiental para contrarrestar los efectos negativos de la obra. Esta ampliación ha generado tensiones políticas significativas, dado que los socios de Illa en el Govern han manifestado su descontento, argumentando que prioriza el turismo a expensas de la vivienda y el medio ambiente. ERC ha indicado que decisiones como esta podrían complicar la legislatura de Illa.
Además, el proyecto ha sido recibido críticamente por diversas organizaciones ecologistas, como Zeroport, que argumentan que incrementará la contaminación y la presión turística en una región ya vulnerable.
Illa defiende que la ampliación es necesaria para posicionar a El Prat como un hub internacional de conexiones aéreas, y asegura que se respetarán las consideraciones ambientales requeridas por la legislación europea.
La reacción de los alcaldes de las localidades cercanas al aeropuerto ha sido mixta; mientras que el alcalde de Gavà, Gemma Badia, celebró el acuerdo por su potencial económico, la alcaldesa de El Prat, Alba Bou, ha expresado su oposición y la necesidad de un debate público más amplio sobre las implicaciones del proyecto. Organizaciones empresariales han defendido la ampliación como crucial para el futuro económico de Cataluña, citando su capacidad de atraer talento y mejorar la conectividad internacional. Además, se ha enfatizado que el plan debe contar con la aprobación de la Comisión Europea debido a sus implicaciones ambientales, señalando que los plazos para la implementación dependen de cumplir con todos los requisitos ambientales establecidos. Este acuerdo marca un paso significativo hacia la modernización de uno de los aeropuertos más importantes de Europa, aunque enfrenta desafíos políticos y ambientales en el futuro.
El debate alrededor de la ampliación ha estado marcado por controversias, especialmente por su impacto ambiental en la laguna de La Ricarda, un ecosistema protegido. Illa ha subrayado que la propuesta cumple con los más altos estándares medioambientales, ofreciendo compensaciones que incluyen la renaturalización de más de 270 hectáreas en la región según los planes revisados que se están discutiendo. No obstante, los partidos de izquierda, incluyendo ERC y los Comuns, han expresado su oposición a la ampliación, sugiriendo repercusiones negativas para el medio ambiente y la comunidad local.
El compromiso por parte de la Generalitat de respetar las normas medioambientales es un punto clave en la negociación, incluyendo la creación de un fondo ambiental para contrarrestar los efectos negativos de la obra. Esta ampliación ha generado tensiones políticas significativas, dado que los socios de Illa en el Govern han manifestado su descontento, argumentando que prioriza el turismo a expensas de la vivienda y el medio ambiente. ERC ha indicado que decisiones como esta podrían complicar la legislatura de Illa.
Además, el proyecto ha sido recibido críticamente por diversas organizaciones ecologistas, como Zeroport, que argumentan que incrementará la contaminación y la presión turística en una región ya vulnerable.
Illa defiende que la ampliación es necesaria para posicionar a El Prat como un hub internacional de conexiones aéreas, y asegura que se respetarán las consideraciones ambientales requeridas por la legislación europea.
La reacción de los alcaldes de las localidades cercanas al aeropuerto ha sido mixta; mientras que el alcalde de Gavà, Gemma Badia, celebró el acuerdo por su potencial económico, la alcaldesa de El Prat, Alba Bou, ha expresado su oposición y la necesidad de un debate público más amplio sobre las implicaciones del proyecto. Organizaciones empresariales han defendido la ampliación como crucial para el futuro económico de Cataluña, citando su capacidad de atraer talento y mejorar la conectividad internacional. Además, se ha enfatizado que el plan debe contar con la aprobación de la Comisión Europea debido a sus implicaciones ambientales, señalando que los plazos para la implementación dependen de cumplir con todos los requisitos ambientales establecidos. Este acuerdo marca un paso significativo hacia la modernización de uno de los aeropuertos más importantes de Europa, aunque enfrenta desafíos políticos y ambientales en el futuro.