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Rusia instala miles de cámaras de vigilancia en San Petersburgo para clasificar a los ciudadanos por razas, generando controversia.
La medida, impulsada por el proyecto 'Ciudad Segura', busca combatir la inmigración ilegal y ha desatado críticas de organismos de derechos humanos.
Publicado: 26 de agosto de 2025, 19:55
Las autoridades de San Petersburgo han comenzado a desplegar un ambicioso proyecto llamado 'Ciudad Segura', que incluye la instalación de hasta 8.000 cámaras de vigilancia diseñadas para clasificar a los ciudadanos según sus características raciales. Esta controvertida medida ha sido justificada por las autoridades como una forma de identificar la concentración de ciertas nacionalidades en puntos específicos de la ciudad. Sin embargo, esta iniciativa ha provocado críticas de organismos de derechos humanos, que la consideran degradante para la dignidad humana.
A nivel administrativo, el proyecto representa una inversión significativa, con un costo estimado de 38,4 millones de rublos. Se prevé aumentar el número de cámaras en San Petersburgo a 10,500 para el próximo año, con un objetivo a largo plazo de alcanzar unas 122,000 cámaras. La reacción del público ha sido mixta; mientras solo el 43% de los residentes valoran positivamente la convivencia entre diferentes etnias, el aumento del control sobre los inmigrantes ha sido parte de una tendencia más amplia desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Este despliegue no solo busca aumentar la seguridad y controlar la inmigración, sino que también plantea serias preguntas sobre la ética de usar características raciales para la vigilancia en un entorno donde ya se aplica un control intensivo. Las críticas no provienen solo de grupos de derechos humanos, sino también de figuras políticas dentro de Rusia que piden un enfoque más humano hacia los inmigrantes.
A nivel administrativo, el proyecto representa una inversión significativa, con un costo estimado de 38,4 millones de rublos. Se prevé aumentar el número de cámaras en San Petersburgo a 10,500 para el próximo año, con un objetivo a largo plazo de alcanzar unas 122,000 cámaras. La reacción del público ha sido mixta; mientras solo el 43% de los residentes valoran positivamente la convivencia entre diferentes etnias, el aumento del control sobre los inmigrantes ha sido parte de una tendencia más amplia desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Este despliegue no solo busca aumentar la seguridad y controlar la inmigración, sino que también plantea serias preguntas sobre la ética de usar características raciales para la vigilancia en un entorno donde ya se aplica un control intensivo. Las críticas no provienen solo de grupos de derechos humanos, sino también de figuras políticas dentro de Rusia que piden un enfoque más humano hacia los inmigrantes.