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Revelan pagos de un cuñado de Santos Cerdán por trabajos en Servinabar, empresa bajo investigación por corrupción
Antonio Muñoz Cano, cuñado del exnúmero tres del PSOE, cobró más de 61.000 euros en cuatro años por su trabajo en la constructora.
Publicado: 31 de julio de 2025, 12:33
La corrupción en el ámbito de la adjudicación de contratos públicos vuelve a estar en el centro de la atención mediática en España, tras conocerse que Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, recibió pagos de la empresa Servinabar 2000 SL, actualmente bajo investigación por supuestas comisiones irregulares. Los pagos a Muñoz Cano, quien trabajó como albañil, ascendieron a 61.669 euros entre 2019 y 2022. La Guardia Civil ha encontrado documentos que vinculan a Cerdán con irregularidades y que sugieren compras de participaciones en Servinabar, aunque su defensa sostiene que todo es legal.
El cuñado de Cerdán comenzó a trabajar en 2019, percibiendo pagos anuales que variaron hasta más de 21.000 euros en 2021. La familia de Cerdán ha intentado explicar que los pagos fueron legales, mientras la investigación se complica debido a un significativo volumen de material intervenido. La atención sobre su vínculo con Servinabar persiste, destacando la necesidad de mayor transparencia en la adjudicación de obras públicas, dada la relación entre política y prácticas cuestionables.
Este panorama afecta no solo a Cerdán, sino que también resalta la necesidad de una regulación más estricta en la adjudicación de contratos públicos, sobre todo en un contexto donde la política y el crimen pueden estar interrelacionados de manera preocupante.
El cuñado de Cerdán comenzó a trabajar en 2019, percibiendo pagos anuales que variaron hasta más de 21.000 euros en 2021. La familia de Cerdán ha intentado explicar que los pagos fueron legales, mientras la investigación se complica debido a un significativo volumen de material intervenido. La atención sobre su vínculo con Servinabar persiste, destacando la necesidad de mayor transparencia en la adjudicación de obras públicas, dada la relación entre política y prácticas cuestionables.
Este panorama afecta no solo a Cerdán, sino que también resalta la necesidad de una regulación más estricta en la adjudicación de contratos públicos, sobre todo en un contexto donde la política y el crimen pueden estar interrelacionados de manera preocupante.