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Puigdemont solicita al Tribunal Constitucional la suspensión de su orden de detención para regresar a España tras el aval del TJUE
La defensa del expresidente catalán argumenta que la ejecución de la orden de búsqueda y detención causaría un perjuicio irreparable.
Publicado: 17 de noviembre de 2025, 07:42
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando la 'suspensión inmediata' de las órdenes de detención que pesan sobre él. Esta solicitud se fundamenta en las recientes conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien avaló la ley de amnistía que permite la liberación de Puigdemont y otros acusados vinculados al proceso independentista.
La defensa, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, argumenta que la ejecución de las órdenes de búsqueda, detención, e ingreso en prisión contra Puigdemont produciría un 'perjuicio irreparable' y afectaría de manera 'irreversible' su libertad, participación política y derechos fundamentales. La situación genera un amplio interés no solo en el ámbito político español, sino también en el europeo, dado el impacto de la decisión del TJUE sobre la relación entre el derecho nacional y europeo.
Recientemente, el Tribunal Constitucional se ha comprometido a abordar la solicitud de Puigdemont con carácter urgente, dadas las implicaciones significativas que la ejecución de la orden de detención tendría no solo para el expresidente, sino también para la percepción internacional de la justicia española. En resumen, la defensa de Puigdemont busca que el TC actúe con celeridad ante el pronunciamiento del TJUE para evitar la aplicación de medidas que podrían ir en contra de los derechos fundamentales de su cliente y su capacidad de volver a la vida política en España. Entre los recientes acontecimientos, Sharen Smith, experto en derecho europeo, ha indicado que la decisión del TC podría sentar un precedente importante para futuros casos relacionados con la política y la justicia en la Unión Europea. Además, hace hincapié en que la conservación de la orden de detención sería un 'sacrificio desproporcionado', subrayando que Puigdemont ha visto limitada su libertad de movimiento y actividad institucional por estas órdenes, las cuales han sido desactivadas por la ley de amnistía. La defensa reitera que una eventual sentencia estimatoria no podría reparar los efectos de una privación de libertad ejecutada antes de resolver el fondo del recurso, lo que privaría al amparo de su finalidad constitucional. Por ello, se insiste en la urgencia de la petición para evitar un daño irreparable a los derechos fundamentales implicados.
La defensa, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, argumenta que la ejecución de las órdenes de búsqueda, detención, e ingreso en prisión contra Puigdemont produciría un 'perjuicio irreparable' y afectaría de manera 'irreversible' su libertad, participación política y derechos fundamentales. La situación genera un amplio interés no solo en el ámbito político español, sino también en el europeo, dado el impacto de la decisión del TJUE sobre la relación entre el derecho nacional y europeo.
Recientemente, el Tribunal Constitucional se ha comprometido a abordar la solicitud de Puigdemont con carácter urgente, dadas las implicaciones significativas que la ejecución de la orden de detención tendría no solo para el expresidente, sino también para la percepción internacional de la justicia española. En resumen, la defensa de Puigdemont busca que el TC actúe con celeridad ante el pronunciamiento del TJUE para evitar la aplicación de medidas que podrían ir en contra de los derechos fundamentales de su cliente y su capacidad de volver a la vida política en España. Entre los recientes acontecimientos, Sharen Smith, experto en derecho europeo, ha indicado que la decisión del TC podría sentar un precedente importante para futuros casos relacionados con la política y la justicia en la Unión Europea. Además, hace hincapié en que la conservación de la orden de detención sería un 'sacrificio desproporcionado', subrayando que Puigdemont ha visto limitada su libertad de movimiento y actividad institucional por estas órdenes, las cuales han sido desactivadas por la ley de amnistía. La defensa reitera que una eventual sentencia estimatoria no podría reparar los efectos de una privación de libertad ejecutada antes de resolver el fondo del recurso, lo que privaría al amparo de su finalidad constitucional. Por ello, se insiste en la urgencia de la petición para evitar un daño irreparable a los derechos fundamentales implicados.