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PSOE y PP se enfrentan por la supuesta oferta económica a Koldo García
El exasesor afirma que el abogado popular le ofreció un millón de euros por información contra Sánchez; el partido lo niega y ERC pide votar con memoria el 29N.
Publicado: 7 de noviembre de 2026, 07:52
Las declaraciones de Koldo García sobre una supuesta oferta económica a cambio de información para perjudicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han provocado un cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP en vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
García aseguró el jueves 5 de noviembre, desde prisión, que el abogado del PP Alberto Durán firmó con él un acuerdo para pagar su defensa en el caso mascarillas y darle un millón de euros a cambio de información para hacer caer a Sánchez. Según su relato, también le ofreció una rebaja de pena que evitaría su entrada en prisión y sacar a su familia del procedimiento.
El exasesor sostuvo que, a cambio, debía hacer declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, especialmente a Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, incluso mintiendo. Durán capitaneaba la acusación popular en el caso Koldo en el momento en que presuntamente se cerró el acuerdo.
La abogada de García, Leticia de la Hoz, presentó ante la Audiencia Nacional facturas relativas a un primer desembolso realizado a través de Dos Mil Palabras SL, editora del digital dirigido por Eduardo Inda. Según García, esa era también la vía prevista para canalizar el resto de los pagos. La editora sostiene que las transferencias, por importe de 242.000 euros, correspondían a la cesión de derechos de imagen y propiedad intelectual de García para elaborar contenidos periodísticos y audiovisuales.
García también aseguró que se reunió con Inda en un almuerzo en su casa para coordinar el acuerdo económico y el contenido de una entrevista, con vistas a que este se transformara después en una declaración judicial. La entrevista se emitió el 27 de noviembre de 2025, fecha de una de las dos facturas presentadas por su abogada, horas antes de su ingreso en Soto del Real. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente había decretado para él prisión provisional sin fianza.
En aquella entrevista, García acusó sin aportar pruebas a Sánchez de financiar su campaña de primarias en el PSOE mediante ingresos fraccionados realizados por inmigrantes. Habló de una suma de un millón de euros y afirmó que él entregaba el dinero a quienes después lo ingresaban. También dijo haber oído al presidente que su suegro había aportado 100.000 euros.
El exasesor atribuyó además a Begoña Gómez una intervención en el rescate de Air Europa y sostuvo que se había planteado compensarla económicamente. Air Europa negó tanto esos pagos como que Gómez mediara en su rescate de 2020. García habló también de una supuesta intervención de Gómez en la búsqueda de una nueva sede para la Organización Mundial de Turismo, aunque reconoció no haber visto documentos sobre ello.
Asimismo, García se refirió a supuestos negocios de Zapatero en Venezuela y afirmó que cobraba del Gobierno de Nicolás Maduro. También señaló a Francina Armengol, María Chivite y Fernando Grande-Marlaska. El Tribunal Supremo archivó querellas de Vox contra las dos primeras y el ministro del Interior no ha afrontado ningún proceso por esas acusaciones.
García ha sido condenado a 19 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso mascarillas. El empresario Víctor de Aldama, también procesado en esa causa, fue condenado por organización criminal y cohecho y vio suspendida su pena por colaborar con la investigación del Supremo. Aldama acusó al PSOE de financiación irregular y llamó a Sánchez el «número 1», expresión utilizada después por el PP.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó de muy grave lo relatado por García y pidió explicaciones al PP. La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, negó el viernes que su partido hubiera ofrecido dinero para obtener información sobre Sánchez y sostuvo que García no había demostrado su versión. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó a los socialistas de estar desesperados y señaló a Ábalos, García y Leire Díez como integrantes del equipo que, a su juicio, representa el entorno del presidente.
El candidato de ERC a las generales, Gabriel Rufián, dijo el viernes que cree posible que se haya ofrecido dinero a cambio de determinada información y sostuvo que parte de los ámbitos judicial, mediático y policial actúa contra el Gobierno. Antes de presentar en Madrid su libro ‘Cómo ganar a los fachas’, también consideró que casos de presunta corrupción como el Koldo penalizan electoralmente y pidió a la ciudadanía que vote progresista, pero con memoria.
Preguntado por las recientes detenciones del caso, entre ellas la del empresario cordobés Cristian Corvillo, vinculado al PSOE y conductor del vehículo de Sánchez durante las primarias de 2017, Rufián recordó que el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán están en prisión.
Sobre la investigación de la Fiscalía Europea por un posible fraude en contratos de mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente de Urda, en Toledo, Rufián dijo que habrá que esperar al resultado. Atribuyó la situación del sistema ferroviario, y en particular de la alta velocidad, a recortes anteriores del PP y a la liberalización salvaje, y afirmó que Adif, aunque es una empresa pública, es al final una carcasa vacía llena de subcontratas.
García aseguró el jueves 5 de noviembre, desde prisión, que el abogado del PP Alberto Durán firmó con él un acuerdo para pagar su defensa en el caso mascarillas y darle un millón de euros a cambio de información para hacer caer a Sánchez. Según su relato, también le ofreció una rebaja de pena que evitaría su entrada en prisión y sacar a su familia del procedimiento.
El exasesor sostuvo que, a cambio, debía hacer declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, especialmente a Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, incluso mintiendo. Durán capitaneaba la acusación popular en el caso Koldo en el momento en que presuntamente se cerró el acuerdo.
La abogada de García, Leticia de la Hoz, presentó ante la Audiencia Nacional facturas relativas a un primer desembolso realizado a través de Dos Mil Palabras SL, editora del digital dirigido por Eduardo Inda. Según García, esa era también la vía prevista para canalizar el resto de los pagos. La editora sostiene que las transferencias, por importe de 242.000 euros, correspondían a la cesión de derechos de imagen y propiedad intelectual de García para elaborar contenidos periodísticos y audiovisuales.
García también aseguró que se reunió con Inda en un almuerzo en su casa para coordinar el acuerdo económico y el contenido de una entrevista, con vistas a que este se transformara después en una declaración judicial. La entrevista se emitió el 27 de noviembre de 2025, fecha de una de las dos facturas presentadas por su abogada, horas antes de su ingreso en Soto del Real. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente había decretado para él prisión provisional sin fianza.
En aquella entrevista, García acusó sin aportar pruebas a Sánchez de financiar su campaña de primarias en el PSOE mediante ingresos fraccionados realizados por inmigrantes. Habló de una suma de un millón de euros y afirmó que él entregaba el dinero a quienes después lo ingresaban. También dijo haber oído al presidente que su suegro había aportado 100.000 euros.
El exasesor atribuyó además a Begoña Gómez una intervención en el rescate de Air Europa y sostuvo que se había planteado compensarla económicamente. Air Europa negó tanto esos pagos como que Gómez mediara en su rescate de 2020. García habló también de una supuesta intervención de Gómez en la búsqueda de una nueva sede para la Organización Mundial de Turismo, aunque reconoció no haber visto documentos sobre ello.
Asimismo, García se refirió a supuestos negocios de Zapatero en Venezuela y afirmó que cobraba del Gobierno de Nicolás Maduro. También señaló a Francina Armengol, María Chivite y Fernando Grande-Marlaska. El Tribunal Supremo archivó querellas de Vox contra las dos primeras y el ministro del Interior no ha afrontado ningún proceso por esas acusaciones.
García ha sido condenado a 19 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso mascarillas. El empresario Víctor de Aldama, también procesado en esa causa, fue condenado por organización criminal y cohecho y vio suspendida su pena por colaborar con la investigación del Supremo. Aldama acusó al PSOE de financiación irregular y llamó a Sánchez el «número 1», expresión utilizada después por el PP.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó de muy grave lo relatado por García y pidió explicaciones al PP. La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, negó el viernes que su partido hubiera ofrecido dinero para obtener información sobre Sánchez y sostuvo que García no había demostrado su versión. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó a los socialistas de estar desesperados y señaló a Ábalos, García y Leire Díez como integrantes del equipo que, a su juicio, representa el entorno del presidente.
El candidato de ERC a las generales, Gabriel Rufián, dijo el viernes que cree posible que se haya ofrecido dinero a cambio de determinada información y sostuvo que parte de los ámbitos judicial, mediático y policial actúa contra el Gobierno. Antes de presentar en Madrid su libro ‘Cómo ganar a los fachas’, también consideró que casos de presunta corrupción como el Koldo penalizan electoralmente y pidió a la ciudadanía que vote progresista, pero con memoria.
Preguntado por las recientes detenciones del caso, entre ellas la del empresario cordobés Cristian Corvillo, vinculado al PSOE y conductor del vehículo de Sánchez durante las primarias de 2017, Rufián recordó que el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán están en prisión.
Sobre la investigación de la Fiscalía Europea por un posible fraude en contratos de mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente de Urda, en Toledo, Rufián dijo que habrá que esperar al resultado. Atribuyó la situación del sistema ferroviario, y en particular de la alta velocidad, a recortes anteriores del PP y a la liberalización salvaje, y afirmó que Adif, aunque es una empresa pública, es al final una carcasa vacía llena de subcontratas.
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2 capítulos, del más antiguo al más reciente.
- Koldo denuncia una oferta del PP con beneficios judiciales y un millón de euros
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- · 2 días después
PSOE y PP se enfrentan por la supuesta oferta económica a Koldo Garcíaestás aquí
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