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Protestas y críticas al Ayuntamiento de Madrid por el creciente número de pisos turísticos ilegales en medio de la crisis de vivienda
La falta de respuesta del Gobierno de Almeida genera tensión entre los vecinos y la oposición, que exige medidas efectivas.
Publicado: 22 de julio de 2025, 20:00
La crisis de vivienda en Madrid ha alcanzado un punto álgido, evidenciado por las recientes protestas del Sindicato de Inquilinas durante el Pleno del Ayuntamiento, donde exigieron la protección de los residentes ante el creciente mercado de los pisos turísticos. Los manifestantes interrumpieron la sesión con gritos de 'Fuera buitres de nuestros barrios', mientras el Gobierno local, liderado por Almeida, se preparaba para aprobar el Plan Reside, que ha generado amplias críticas por su posible implicación en la legalización de alojamientos turísticos en edificios residenciales.
El Sindicato de Inquilinas ha denunciado que el Plan Reside facilitará la transformación de edificios enteros en alojamientos turísticos, promoviendo la expulsión de residentes en favor de intereses económicos. A pesar de que solo 521 de los 17,000 pisos turísticos en Madrid operan de manera legal, el gobierno municipal ha sido criticado por no actuar contra los 16,000 que funcionan sin licencia. La concejala Paloma García Romero calificó la protesta como una falta de respeto, mientras que desde el PSOE se cuestiona la falta de acción del gobierno de Almeida y se demandan medidas de cooperación con el Gobierno de España para controlar la situación.
El Ministerio de Consumo ha intensificado la presión sobre el Ayuntamiento, facilitando datos sobre los pisos turísticos ilegales y sugiriendo que estos negocios operan en la ciudad sin los permisos necesarios. A pesar de estos avisos, la oposición ha denunciado que la respuesta del gobierno ha sido deficiente, al no cerrar las propiedades ilegales ni atender las preocupaciones vecinales. Ambos artículos giran alrededor de la inquietud social por la gestión del Gobierno frente a la proliferación de pisos turísticos ilegales, resaltando la necesidad de un urbanismo que priorice la vivienda digna y la defensa de los derechos de los vecinos.
El Sindicato de Inquilinas ha denunciado que el Plan Reside facilitará la transformación de edificios enteros en alojamientos turísticos, promoviendo la expulsión de residentes en favor de intereses económicos. A pesar de que solo 521 de los 17,000 pisos turísticos en Madrid operan de manera legal, el gobierno municipal ha sido criticado por no actuar contra los 16,000 que funcionan sin licencia. La concejala Paloma García Romero calificó la protesta como una falta de respeto, mientras que desde el PSOE se cuestiona la falta de acción del gobierno de Almeida y se demandan medidas de cooperación con el Gobierno de España para controlar la situación.
El Ministerio de Consumo ha intensificado la presión sobre el Ayuntamiento, facilitando datos sobre los pisos turísticos ilegales y sugiriendo que estos negocios operan en la ciudad sin los permisos necesarios. A pesar de estos avisos, la oposición ha denunciado que la respuesta del gobierno ha sido deficiente, al no cerrar las propiedades ilegales ni atender las preocupaciones vecinales. Ambos artículos giran alrededor de la inquietud social por la gestión del Gobierno frente a la proliferación de pisos turísticos ilegales, resaltando la necesidad de un urbanismo que priorice la vivienda digna y la defensa de los derechos de los vecinos.