Progresista 17.9%Conservador 82.1%
Propietarios enfrentan retos legales en la gestión de alquileres: caso de 86 años reclama 40.000 euros por desalojo fallido
Los conflictos entre derechos de inquilinos y propietarios se evidencian en diversas situaciones críticas en España y el Reino Unido.
Publicado: 20 de enero de 2026, 23:09
En los últimos meses, el mercado del alquiler en Europa ha generado debates intensos sobre la protección de los propietarios frente a inquilinos en situación de impago, destacando dos casos emblemáticos que evidencian la complejidad de la situación. Uno de ellos se centra en una anciana de 86 años que, tras lograr una sentencia a su favor, no pudo desalojar a su inquilina en París durante 26 meses de impagos, reclamando una indemnización al Estado de 40.320 euros debido a la falta de colaboración de la administración.
Por otro lado, en el Reino Unido, un ayuntamiento ha ofrecido 58.000 euros por una casa abandonada durante 24 años, reflejando un problema relacionado con el deterioro de propiedades y el comportamiento antisocial de los vecinos. A pesar de intentos de contactar al propietario, la falta de respuesta ha llevado al consejo local a considerar medidas drásticas para resolver el conflicto.
Ambas situaciones ilustran un panorama donde propietarios e inquilinos enfrentan barreras legales y sociales, con normas que, aunque buscan proteger a las personas vulnerables, pueden resultar en la desprotección de pequeños propietarios, especialmente mayores, que dependen de sus activos para su sustento.
Por otro lado, en el Reino Unido, un ayuntamiento ha ofrecido 58.000 euros por una casa abandonada durante 24 años, reflejando un problema relacionado con el deterioro de propiedades y el comportamiento antisocial de los vecinos. A pesar de intentos de contactar al propietario, la falta de respuesta ha llevado al consejo local a considerar medidas drásticas para resolver el conflicto.
Ambas situaciones ilustran un panorama donde propietarios e inquilinos enfrentan barreras legales y sociales, con normas que, aunque buscan proteger a las personas vulnerables, pueden resultar en la desprotección de pequeños propietarios, especialmente mayores, que dependen de sus activos para su sustento.