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Prohibición de móviles en escuelas: la comunidad educativa reacciona ante la nueva normativa en España
El nuevo curso escolar arranca con la controversia sobre el uso de dispositivos tecnológicos en las aulas, generando opiniones divididas entre docentes, alumnos y familias.
Publicado: 8 de septiembre de 2025, 19:15
El inicio del nuevo curso escolar en España, que comenzó el 8 de septiembre de 2025, trae consigo una normativa de gran impacto: la prohibición total del uso de teléfonos móviles y relojes inteligentes en todas las etapas de educación obligatoria. Esta decisión, anunciada por la consellera de Educación de Cataluña, Esther Niubó, ha generado un debate significativo entre la comunidad educativa, padres y expertos.
Docentes como Laia Soriano Costa han expresado su desconcierto, mientras que otros, como Esther Catalán, apoyan la regulación, argumentando que la dependencia de dispositivos digitales interfiere en el aprendizaje. Desde la perspectiva estudiantil, Ares Cercós destaca la importancia de un buen profesor por encima de los dispositivos, y activistas como Marina Fernández celebran la medida, abogando por un control más estricto del uso de tecnología entre adolescentes.
El debate sobre la normativa es amplio, resaltando la necesidad de equilibrar el uso de tecnología en las aulas y los posibles impactos en la salud mental y el rendimiento académico, junto con la propuesta de mantener una supervisión constante de las políticas implementadas.
Docentes como Laia Soriano Costa han expresado su desconcierto, mientras que otros, como Esther Catalán, apoyan la regulación, argumentando que la dependencia de dispositivos digitales interfiere en el aprendizaje. Desde la perspectiva estudiantil, Ares Cercós destaca la importancia de un buen profesor por encima de los dispositivos, y activistas como Marina Fernández celebran la medida, abogando por un control más estricto del uso de tecnología entre adolescentes.
El debate sobre la normativa es amplio, resaltando la necesidad de equilibrar el uso de tecnología en las aulas y los posibles impactos en la salud mental y el rendimiento académico, junto con la propuesta de mantener una supervisión constante de las políticas implementadas.