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Procesamiento de exalcaldesa del PSOE Virginia Borrallo por prevaricación tras ceder su escaño a Miguel Ángel Gallardo
Virginia Borrallo, quien troceó contratos para obras municipales, enfrentará juicio tras renunciar a su escaño para aforar a Gallardo.
Publicado: 14 de junio de 2025, 18:47
La exalcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, ha sido procesada por un delito de prevaricación administrativa, tras ser acusada de fraccionar contratos de obras para adjudicarlos sin concurso público durante su mandato entre 2018 y 2019. El caso gira en torno a la construcción de pistas deportivas en tres pedanías de su municipio, que se realizaron bajo la modalidad de contratos menores, permitiendo la adjudicación directa a diferentes empresas sin un proceso de selección abierto.
Borrallo renunció a su escaño en la Asamblea de Extremadura para facilitar que Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, obtuviera la condición de aforado. Esta estrategia se llevó a cabo para que las investigaciones relacionadas con ambos se trasladaran al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La juez Beatriz Biedma ha dictado que el caso avance a un procedimiento abreviado, indicando que Borrallo deberá comparecer ante el tribunal.
La acusación sostiene que Borrallo fraccionó las obras en 13 contratos menores, muchos de ellos por debajo de 40.000 euros, eludiendo así la normativa de contratación pública. Este proceder ha levantado serias dudas sobre la transparencia en la gestión de las obras y su legalidad, impactando no solo su carrera, sino también la percepción pública sobre el PSOE de Extremadura.
Borrallo renunció a su escaño en la Asamblea de Extremadura para facilitar que Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, obtuviera la condición de aforado. Esta estrategia se llevó a cabo para que las investigaciones relacionadas con ambos se trasladaran al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La juez Beatriz Biedma ha dictado que el caso avance a un procedimiento abreviado, indicando que Borrallo deberá comparecer ante el tribunal.
La acusación sostiene que Borrallo fraccionó las obras en 13 contratos menores, muchos de ellos por debajo de 40.000 euros, eludiendo así la normativa de contratación pública. Este proceder ha levantado serias dudas sobre la transparencia en la gestión de las obras y su legalidad, impactando no solo su carrera, sino también la percepción pública sobre el PSOE de Extremadura.