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PP y Vox aprueban un polémico decreto que permitirá construir 20.000 viviendas en Palma y recalificar suelo rústico en Balears
A pesar de las críticas de la oposición y entidades sociales, el decreto busca aliviar la crisis habitacional mediante la liberalización del suelo y la construcción de nuevas edificaciones.
Publicado: 16 de abril de 2025, 05:39
El Parlament balear ha aprobado recientemente un decreto-ley que permitirá la construcción de 20.000 nuevas viviendas en Palma y la recalificación de suelo rústico en otros 11 municipios de las Islas Baleares, con el objetivo de hacer frente a la actual crisis habitacional. La normativa, impulsada por la coalición gubernamental del PP y Vox, ha sido objeto de severas críticas por parte de la oposición y diversas entidades sociales, que alegan que la medida incentivará la especulación y priorizará los intereses de los promotores inmobiliarios por sobre las necesidades de vivienda de los residentes.
El decreto establece que el 50% del nuevo suelo desbloqueado estará destinado a viviendas de precio limitado, aunque no se explicitan los mecanismos que garantizarían que estos precios se mantengan dentro del alcance de las familias trabajadoras. Sin embargo, la oposición ha criticado que la acción del Gobierno es insuficiente y que perpetúa una visión mercantilista del derecho a la vivienda. Organizaciones ecologistas y de defensa de vivienda también han manifestado su rechazo a la nueva legislación, argumentando que las recalificaciones de suelo rústico ponen en riesgo el patrimonio natural de las islas y alimentan la expansión urbana sobre terrenos agrícolas.
Los promotores aplauden la aprobación del decreto, considerando que representa un avance hacia soluciones concretas para la emergencia habitacional en Balears. Aproximadamente un centenar de manifestantes se congregaron a las afueras del Parlament para expresar su descontento con la nueva normativa. Esto refleja la creciente preocupación de la ciudadanía sobre el futuro del urbanismo en las Islas Baleares y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación del entorno natural.
El decreto establece que el 50% del nuevo suelo desbloqueado estará destinado a viviendas de precio limitado, aunque no se explicitan los mecanismos que garantizarían que estos precios se mantengan dentro del alcance de las familias trabajadoras. Sin embargo, la oposición ha criticado que la acción del Gobierno es insuficiente y que perpetúa una visión mercantilista del derecho a la vivienda. Organizaciones ecologistas y de defensa de vivienda también han manifestado su rechazo a la nueva legislación, argumentando que las recalificaciones de suelo rústico ponen en riesgo el patrimonio natural de las islas y alimentan la expansión urbana sobre terrenos agrícolas.
Los promotores aplauden la aprobación del decreto, considerando que representa un avance hacia soluciones concretas para la emergencia habitacional en Balears. Aproximadamente un centenar de manifestantes se congregaron a las afueras del Parlament para expresar su descontento con la nueva normativa. Esto refleja la creciente preocupación de la ciudadanía sobre el futuro del urbanismo en las Islas Baleares y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación del entorno natural.