Progresista 100%Conservador 0%
PP y Vox aprueban la polémica ley en Baleares que permite la construcción de viviendas en suelo rústico
La oposición critica la medida como un "atentado medioambiental" y advierte sobre el riesgo de especulación inmobiliaria.
Publicado: 7 de julio de 2025, 19:19
El Parlament de las Islas Baleares ha aprobado recientemente, con el apoyo de PP y Vox, una controvertida ley conocida como la "Ley de Acción Urgente", que permitirá la recalificación de tierras rústicas para facilitar la construcción de viviendas. Esta normativa se presenta como una solución para enfrentar la crisis de vivienda que afecta a la región, donde el acceso a propiedades asequibles se ha convertido en un desafío significativo para los residentes. El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, defendió la ley argumentando que no se busca aumentar la presión demográfica, sino ofrecer soluciones habitacionales para aquellos que ya residen en las Islas Baleares.
Sin embargo, las críticas no han tardado en surgir desde distintos sectores de la oposición. Organizaciones ambientalistas y partidos políticos de izquierda han calificado la ley de "especulativa", argumentando que el verdadero objetivo es facilitar la construcción de segundas residencias para forasteros. La reacción social también fue notable, con miles de personas congregándose en las afueras del Parlament para protestar, expresando su descontento con la normativa y la falta de acción del gobierno en materia ambiental.
Los partidos de izquierda han expresado su intención de llevar la ley al Tribunal Constitucional, argumentando que se han realizado sin estudios de impacto ni consenso social previo. Desde el PSIB-PSOE, se sostiene que la intención de gobierno no es realmente abordar la crisis de vivienda, sino consolidar intereses empresariales en la promoción inmobiliaria.
Sin embargo, las críticas no han tardado en surgir desde distintos sectores de la oposición. Organizaciones ambientalistas y partidos políticos de izquierda han calificado la ley de "especulativa", argumentando que el verdadero objetivo es facilitar la construcción de segundas residencias para forasteros. La reacción social también fue notable, con miles de personas congregándose en las afueras del Parlament para protestar, expresando su descontento con la normativa y la falta de acción del gobierno en materia ambiental.
Los partidos de izquierda han expresado su intención de llevar la ley al Tribunal Constitucional, argumentando que se han realizado sin estudios de impacto ni consenso social previo. Desde el PSIB-PSOE, se sostiene que la intención de gobierno no es realmente abordar la crisis de vivienda, sino consolidar intereses empresariales en la promoción inmobiliaria.