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Plus Ultra entra en preconcurso, prepara un ERE y reduce sus rutas
La aerolínea debe los 53 millones de euros del rescate público de 2021 y negocia alternativas laborales con la plantilla.
Publicado: 14 de noviembre de 2026, 07:44 · actualizado: 14 de noviembre de 2026, 15:59
Plus Ultra ha entrado en preconcurso de acreedores y ha comunicado su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) ante sus dificultades económicas y de liquidez. La aerolínea también reducirá su operativa y mantendrá la ruta que conecta Caracas con Madrid y Tenerife, además del negocio de alquiler de aviones a otras compañías, conocido como ACMI. Este servicio incluye tripulación, mantenimiento y seguros.
La compañía ha presentado el preconcurso ante el juzgado número 8 de Madrid y confirma que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para reforzar su estructura financiera y proteger la continuidad de las operaciones. Sus gestores buscan preservar la parte del negocio que quede y hacerla rentable, así como mantener la gestión y la caja libres de posibles peticiones de concurso, ejecuciones o embargos. Una vez comunicada al juez y aceptada la situación de preconcurso, se abre un periodo de tres meses, ampliable por otros tres, para presentar un plan de viabilidad aceptado por los acreedores.
La empresa ha anunciado la suspensión definitiva de determinadas rutas transatlánticas y plantea una reducción superior al 61 % de las horas comerciales de vuelo regular. Ha cancelado las rutas a Buenos Aires y Lima y la venta de billetes para esos destinos. La compañía considera rentables las conexiones con Caracas porque el menor precio del combustible en Venezuela permite ajustar los costes. El negocio ACMI también sigue siendo rentable, ya que Plus Ultra no asume el coste del combustible. Atribuye las medidas a causas económicas, productivas y organizativas, agravadas por el encarecimiento del combustible, la falta de liquidez y la ausencia de avances concretos con posibles inversores.
Plus Ultra asegura que continúa desarrollando su actividad y que su división ACMI y chárter opera con normalidad. La compañía sitúa entre sus prioridades la seguridad de las operaciones, la atención a pasajeros y empleados y la continuidad de sus relaciones con clientes, proveedores, instituciones y socios.
El procedimiento laboral afecta al centro de trabajo de Madrid, que incluye los servicios centrales y la base del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según la documentación remitida a la representación de los trabajadores, la compañía cuenta allí con 679 empleados, de los que 668 están en activo y 11 en excedencia. Todavía no se conoce el número de personas que podrían verse afectadas por el ERE, cuyo alcance quedará sujeto a negociación.
La dirección también ha planteado alternativas, como suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada mediante un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). UGT Sector Aéreo Madrid ha pedido información clara sobre la situación financiera y patrimonial, las conversaciones con inversores y los planes de viabilidad, así como garantías para la continuidad de la actividad y la protección de los derechos laborales y económicos. El sindicato considera que las alternativas al despido deben analizarse con rigor y ofrecer una solución real.
Según los datos facilitados por la dirección, el gasto en combustible alcanzó 104,83 millones de euros en 2026, frente a los 69,13 millones presupuestados inicialmente, un 51,6 % más. La compañía registró un resultado operativo negativo de 31,08 millones entre febrero y agosto. El grupo atribuye parte de su crisis al encarecimiento del queroseno por la guerra de Irán, un coste especialmente relevante en sus vuelos de largo radio. También ha señalado el impacto de otros acontecimientos geopolíticos, tragedias naturales y cierres de espacios aéreos por conflictos bélicos, que, según la empresa, han frustrado las expectativas del sector. Otra aerolínea rescatada, Volotea, ha presentado también preconcurso de acreedores en un contexto de subida del precio del combustible.
Entre los principales acreedores de Plus Ultra figura la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que gestionó el rescate público de 53 millones concedido en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La ayuda se articuló mediante un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones.
La aerolínea ha pagado 12 millones en intereses, pero no ha devuelto capital y sigue debiendo los 53 millones. El calendario de devolución finaliza, en principio, en 2028. El primer reembolso debía haberse efectuado en marzo, pero la SEPI concedió más tiempo. Ambas partes llevan meses negociando una ampliación de los plazos sin haber alcanzado un acuerdo. En caso de impago, la SEPI puede convertir parte de la deuda y hacerse con la mayoría de la compañía.
Plus Ultra también ha buscado compradores, entre ellos Iberojet, sin que las negociaciones hayan prosperado. Según fuentes consultadas, algunos grupos que se acercaron a la aerolínea descartaron la operación por los riesgos asociados al rescate y a su recorrido judicial.
La concesión de la ayuda y su presunto uso irregular están bajo investigación judicial. En mayo de 2026, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue citado como investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. La UDEF registró su oficina y varias sociedades de su entorno. La hipótesis judicial apunta a que habría intermediado para agilizar el rescate y cobrado una comisión; la investigación también examina una comisión del 1 % por esa intermediación.
El juez sostiene que Zapatero creó al menos una sociedad offshore en Dubái, Landside Dubai Fzco, participada íntegramente por Idella Consulenza Strategica. Landside suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1 % del rescate, 530.000 euros. El auditor de las cuentas de la aerolínea, Jesús Ángel Carbajo, afirmó que en su contabilidad figura una comisión del 1 % del préstamo a favor del empresario Julio Martínez Martínez, quien contrató los servicios de Zapatero. Martínez Martínez, amigo del expresidente, actuó como asesor en el rescate y está investigado en el procedimiento. Cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades.
El entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y otros implicados han afirmado ante el juez que Zapatero medió para lograr la ayuda. El expresidente ha negado irregularidades, ha asegurado que no habló con ministros sobre ella y ha defendido que los pagos por consultoría que recibió fueron declarados correctamente. El procedimiento judicial continúa abierto.
Un primer proceso judicial sobre el rescate fue archivado en el juzgado número 13 de Madrid después de que se solicitara fuera de plazo la prórroga de la instrucción; ni los responsables de la SEPI ni los de la empresa tuvieron que declarar. Como pieza separada quedó pendiente la investigación sobre el uso del dinero por la compañía, que llevó a los registros de su sede a finales de 2025 y a la detención de su presidente, Julio Martínez, y de su consejero delegado, Roberto Roselli. La Fiscalía Anticorrupción advirtió entonces de un posible delito de blanqueo de capitales y de otro posible delito fiscal.
Cuando recibió el rescate, Plus Ultra era una aerolínea de pequeño tamaño, operaba con cuatro aviones alquilados, acumulaba pérdidas anteriores a la pandemia y concentraba su negocio en rutas con Venezuela, Ecuador y Perú. La empresa y la SEPI han sostenido que cumplía los requisitos de la ayuda y que tenía carácter estratégico por operar rutas que otras aerolíneas no cubrían.
La compañía ha presentado el preconcurso ante el juzgado número 8 de Madrid y confirma que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para reforzar su estructura financiera y proteger la continuidad de las operaciones. Sus gestores buscan preservar la parte del negocio que quede y hacerla rentable, así como mantener la gestión y la caja libres de posibles peticiones de concurso, ejecuciones o embargos. Una vez comunicada al juez y aceptada la situación de preconcurso, se abre un periodo de tres meses, ampliable por otros tres, para presentar un plan de viabilidad aceptado por los acreedores.
La empresa ha anunciado la suspensión definitiva de determinadas rutas transatlánticas y plantea una reducción superior al 61 % de las horas comerciales de vuelo regular. Ha cancelado las rutas a Buenos Aires y Lima y la venta de billetes para esos destinos. La compañía considera rentables las conexiones con Caracas porque el menor precio del combustible en Venezuela permite ajustar los costes. El negocio ACMI también sigue siendo rentable, ya que Plus Ultra no asume el coste del combustible. Atribuye las medidas a causas económicas, productivas y organizativas, agravadas por el encarecimiento del combustible, la falta de liquidez y la ausencia de avances concretos con posibles inversores.
Plus Ultra asegura que continúa desarrollando su actividad y que su división ACMI y chárter opera con normalidad. La compañía sitúa entre sus prioridades la seguridad de las operaciones, la atención a pasajeros y empleados y la continuidad de sus relaciones con clientes, proveedores, instituciones y socios.
El procedimiento laboral afecta al centro de trabajo de Madrid, que incluye los servicios centrales y la base del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según la documentación remitida a la representación de los trabajadores, la compañía cuenta allí con 679 empleados, de los que 668 están en activo y 11 en excedencia. Todavía no se conoce el número de personas que podrían verse afectadas por el ERE, cuyo alcance quedará sujeto a negociación.
La dirección también ha planteado alternativas, como suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada mediante un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). UGT Sector Aéreo Madrid ha pedido información clara sobre la situación financiera y patrimonial, las conversaciones con inversores y los planes de viabilidad, así como garantías para la continuidad de la actividad y la protección de los derechos laborales y económicos. El sindicato considera que las alternativas al despido deben analizarse con rigor y ofrecer una solución real.
Según los datos facilitados por la dirección, el gasto en combustible alcanzó 104,83 millones de euros en 2026, frente a los 69,13 millones presupuestados inicialmente, un 51,6 % más. La compañía registró un resultado operativo negativo de 31,08 millones entre febrero y agosto. El grupo atribuye parte de su crisis al encarecimiento del queroseno por la guerra de Irán, un coste especialmente relevante en sus vuelos de largo radio. También ha señalado el impacto de otros acontecimientos geopolíticos, tragedias naturales y cierres de espacios aéreos por conflictos bélicos, que, según la empresa, han frustrado las expectativas del sector. Otra aerolínea rescatada, Volotea, ha presentado también preconcurso de acreedores en un contexto de subida del precio del combustible.
Entre los principales acreedores de Plus Ultra figura la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que gestionó el rescate público de 53 millones concedido en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La ayuda se articuló mediante un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones.
La aerolínea ha pagado 12 millones en intereses, pero no ha devuelto capital y sigue debiendo los 53 millones. El calendario de devolución finaliza, en principio, en 2028. El primer reembolso debía haberse efectuado en marzo, pero la SEPI concedió más tiempo. Ambas partes llevan meses negociando una ampliación de los plazos sin haber alcanzado un acuerdo. En caso de impago, la SEPI puede convertir parte de la deuda y hacerse con la mayoría de la compañía.
Plus Ultra también ha buscado compradores, entre ellos Iberojet, sin que las negociaciones hayan prosperado. Según fuentes consultadas, algunos grupos que se acercaron a la aerolínea descartaron la operación por los riesgos asociados al rescate y a su recorrido judicial.
La concesión de la ayuda y su presunto uso irregular están bajo investigación judicial. En mayo de 2026, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue citado como investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. La UDEF registró su oficina y varias sociedades de su entorno. La hipótesis judicial apunta a que habría intermediado para agilizar el rescate y cobrado una comisión; la investigación también examina una comisión del 1 % por esa intermediación.
El juez sostiene que Zapatero creó al menos una sociedad offshore en Dubái, Landside Dubai Fzco, participada íntegramente por Idella Consulenza Strategica. Landside suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1 % del rescate, 530.000 euros. El auditor de las cuentas de la aerolínea, Jesús Ángel Carbajo, afirmó que en su contabilidad figura una comisión del 1 % del préstamo a favor del empresario Julio Martínez Martínez, quien contrató los servicios de Zapatero. Martínez Martínez, amigo del expresidente, actuó como asesor en el rescate y está investigado en el procedimiento. Cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades.
El entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y otros implicados han afirmado ante el juez que Zapatero medió para lograr la ayuda. El expresidente ha negado irregularidades, ha asegurado que no habló con ministros sobre ella y ha defendido que los pagos por consultoría que recibió fueron declarados correctamente. El procedimiento judicial continúa abierto.
Un primer proceso judicial sobre el rescate fue archivado en el juzgado número 13 de Madrid después de que se solicitara fuera de plazo la prórroga de la instrucción; ni los responsables de la SEPI ni los de la empresa tuvieron que declarar. Como pieza separada quedó pendiente la investigación sobre el uso del dinero por la compañía, que llevó a los registros de su sede a finales de 2025 y a la detención de su presidente, Julio Martínez, y de su consejero delegado, Roberto Roselli. La Fiscalía Anticorrupción advirtió entonces de un posible delito de blanqueo de capitales y de otro posible delito fiscal.
Cuando recibió el rescate, Plus Ultra era una aerolínea de pequeño tamaño, operaba con cuatro aviones alquilados, acumulaba pérdidas anteriores a la pandemia y concentraba su negocio en rutas con Venezuela, Ecuador y Perú. La empresa y la SEPI han sostenido que cumplía los requisitos de la ayuda y que tenía carácter estratégico por operar rutas que otras aerolíneas no cubrían.