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Pedraz pide aclarar pagos entre abogados y honorarios de la exletrada de Koldo

El juez investiga una transferencia de 105.122,76 euros del despacho de Ismael Oliver y pregunta a Leticia de la Hoz por dos facturas de 242.000 euros.

Publicado: 11 de noviembre de 2026, 16:17 · actualizado: 12 de noviembre de 2026, 08:21

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido al abogado Ismael Oliver, investigado en el caso Leire o caso cloacas, que explique un pago de 105.122,76 euros de su despacho al letrado Gonzalo Martínez Fresneda. En la misma providencia, el magistrado solicita a Leticia de la Hoz, que renunció este martes a la defensa de Koldo García, que aclare si las dos facturas que ha presentado por sus honorarios son las únicas cantidades que cobró por ese trabajo.

La documentación remitida por la Agencia Tributaria al juzgado recoge la transferencia de Estudio Jurídico Oliver & Partners a Martínez Fresneda, abogado del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías. La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que reclamara explicaciones sobre el pago tras examinar el informe tributario. Fresneda representa a Zarrías desde el caso ERE. Pedraz pide a Oliver que detalle qué servicios justificaron el pago y que aporte, en su caso, documentación. Al estar investigado, le recuerda que tiene derecho a no facilitar información si considera que puede incriminarle.

Martínez Fresneda, que no está investigado en la causa, ha explicado que el dinero corresponde a sus honorarios por defender al exviceministro venezolano Nervis Villalobos en dos procedimientos de la Audiencia Nacional, uno de ellos el caso Duro Felguera, actualmente en juicio. El otro es el caso PDVSA, por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela. Según fuentes próximas a Fresneda, Oliver defendía a la mujer y la hija de Villalobos y los honorarios de Fresneda se canalizaban a través de su despacho. Según su versión, el despacho de Oliver coordinaba la representación de Villalobos en España y le había contratado para esas causas. Fresneda afirma que renunció a la defensa este verano y que los pagos no tienen relación con Zarrías. El letrado ha expresado que no entiende que se reclame información sobre estos honorarios, ya que, según sostiene, Anticorrupción conoce su trabajo en las dos causas por el medio centenar de escritos que firmó en defensa de Villalobos.

Según fuentes conocedoras de la investigación, por el momento no constan sospechas de que la transferencia esté relacionada con los pagos que Díez habría recibido con fondos del PSOE. Villalobos también está investigado por cómo pudo obtener la nacionalidad española a través de la ley de nietos; se investiga asimismo si Díez pudo participar en los trámites.

La providencia señala también que Martínez Fresneda cobró 4.840 euros de Zarrías. Además de defender al exconsejero andaluz en el caso Leire, el abogado representa al PSOE en el caso Hidrocarburos y fue letrado de Begoña Gómez en el juicio contra Pilar Baselga.

Pedraz investiga una presunta trama destinada a interferir en causas judiciales incómodas para el PSOE y el Gobierno. Entre otras líneas, examina si pagos del partido a abogados sirvieron para financiar actuaciones de la exmilitante socialista Leire Díez contra jueces, fiscales e investigadores. En la causa también está investigado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El juez reclamó al partido el 23 de octubre información sobre los abogados y asesores jurídicos contratados entre 2021 y 2025 y sigue a la espera de recibirla.

El juez analiza dos notas de encargo profesional que presuntamente habría falseado la gerente del PSOE, Ana Fuentes: una con el despacho vinculado a Oliver, antiguo abogado de Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán. Según la UCO, Fuentes habría actuado con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán. Los investigadores sostienen también que Díez habría promovido el pago de los honorarios de Oliver y Teijelo con fondos del partido y que este último habría servido como instrumento para canalizar fondos tanto para él mismo como para un tercero. La UCO cifró en 125.000 euros los pagos del PSOE a Teijelo.

La UCO sostiene que el PSOE utilizó dos sociedades de Oliver para hacer llegar 27.225 euros a Díez. Según los investigadores, el partido pagó esa cantidad al despacho por un concepto genérico y otra sociedad del abogado, Oliver Gruppe S.L., transfirió después la misma cifra a una cuenta de la exmilitante. La Fiscalía Anticorrupción considera indiciariamente que la operación buscaba ocultar el origen de los fondos. Oliver había sido contratado por Díez en nombre del PSOE para asesorar sobre la comisión parlamentaria de investigación de la Operación Cataluña.

Los investigadores también examinan los pagos de la consultora Zaño, de Zarrías, que tuvo a Díez en nómina durante cuatro meses con un sueldo de 4.000 euros mensuales. La investigación sitúa cuatro transferencias de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024, sin cadencia mensual, a una cuenta de Kutxabank compartida por Díez y su pareja. La UCO señala que la empresa cobró del PSOE una cantidad equivalente a esos salarios y sus gastos asociados en fechas próximas. Según los investigadores, Díez habría recibido en total 43.225 euros del partido a través de Zaño y Oliver Gruppe. Zarrías declaró que pagó a Díez un total de 16.000 euros por sus cuatro meses de trabajo en la elaboración de un informe sobre el excomisario José Manuel Villarejo y el caso ERE. Según explicó, el documento, compuesto en su mayor parte por información pública, no demostró la tesis de que Villarejo estuviera detrás del inicio de esa causa. Zarrías fue condenado en el caso ERE, aunque el Tribunal Constitucional anuló posteriormente su pena.

En cuanto a De la Hoz, Pedraz actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La abogada presentó a finales de octubre dos facturas y justificantes de transferencias por un total de 242.000 euros, correspondientes, según su versión, a la defensa de Koldo García desde junio de 2025. Las facturas fueron emitidas por IDBO Consultants y abonadas por Dos Mil Palabras S.L., editora de Okdiario. Con ellas, la letrada pretendía demostrar que el PSOE no le había pagado por sus servicios.

La empresa editora sostiene, por su parte, que abonó esa cantidad para adquirir los derechos de imagen y explotación de Koldo García con vistas a un libro y un documental. Pedraz pregunta ahora si las facturas recogen todos los importes que De la Hoz cobró por la defensa durante todo el periodo en que la ejerció. Como también está investigada, le recuerda su derecho a no aportar información que pueda incriminarla.

De la Hoz está investigada por un posible cohecho relacionado con un presunto intento de sobornar a la empresaria imputada Carmen Pano para que rectificara su afirmación de que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz. Según el entorno de la letrada, responderá que no cobró otras cantidades y considera que, si el PSOE no pagaba su defensa de Koldo, carecería de sentido que intentara beneficiar al partido mediante ese supuesto soborno.

Koldo García y otras tres fuentes han afirmado que el pago de la defensa formaba parte de un acuerdo con el PP para atacar a Pedro Sánchez, incluso con mentiras, a cambio de beneficios procesales para él y su familia. Según esa versión, se contemplaba otro millón de euros, también a través de Okdiario, que no llegó a abonarse. Los cuadernos de Leire Díez en poder del juzgado recogen que el abogado del PP Alberto Durán ofreció en nombre del partido dinero si Koldo se convertía en un «buen Aldama». El PP negó inicialmente la existencia de una reunión entre Durán y Koldo, aunque después la reconoció su vicesecretaria Cuca Gamarra.

De la Hoz comunicó este martes su renuncia por razones profesionales amparadas, según dijo, por el secreto profesional. En su escrito al juez Ismael Moreno indicó que atenderá los trámites inaplazables hasta que Koldo García elija otro abogado o se le asigne uno de oficio. El Tribunal Supremo condenó a Koldo a más de 19 años de prisión en el caso mascarillas y al exministro José Luis Ábalos, su antiguo jefe, a 24 años.