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Una veintena de países pide a la COP31 una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles
El grupo reclama una hoja de ruta global y electrificación renovable, mientras Panamá amenaza con vetar un acuerdo sin límites a la producción de petróleo.
Publicado: 20 de noviembre de 2026, 07:51 · actualizado: 20 de noviembre de 2026, 15:51
Una veintena de países de Europa, América Latina, Asia y el Pacífico ha reclamado este viernes que el acuerdo final de la COP31 incluya una hoja de ruta para abandonar progresivamente los combustibles fósiles y vincule el objetivo de electrificación a las energías renovables. El llamamiento está liderado por Brasil, que acogió la COP30 y se comprometió entonces a trabajar por un acuerdo global en esta materia.
Panamá ha advertido de que romperá el consenso en la COP31 de Antalya, en Turquía, si el acuerdo final no incluye, entre otras demandas, un límite a la producción mundial de petróleo en los niveles actuales. La amenaza llega después de que el segundo borrador de la declaración final eliminara las referencias explícitas a los combustibles fósiles que figuraban en el primer texto.
Los países que reclaman una hoja de ruta comparecieron conjuntamente para instar a la copresidencia turca y australiana a incluirla en el acuerdo. La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, también abrió la puerta a valorar un texto sin referencia a los combustibles fósiles si incluyera otras concesiones, como una mención a las hojas de ruta propuestas por Brasil en un documento separado y no vinculante, o un compromiso de electricidad limpia.
La delegación panameña trasladó su posición este jueves en una carta a la copresidencia turca y australiana de la cumbre. También reclama que el objetivo de electrificación se vincule a las energías renovables, que se reconozca el fracaso del límite de calentamiento de 1,5 grados y que las decisiones se basen en la ciencia y en los criterios del IPCC, el grupo de científicos climáticos de la ONU. Su trabajo está suspendido por desacuerdos entre los gobiernos.
Panamá ha pedido además que, cuando no sea posible alcanzar un consenso, las decisiones en las negociaciones climáticas de la ONU se adopten por mayoría simple. Su ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, también reclama que tanto los grandes emisores históricos como los países que figuran actualmente entre los más contaminantes aporten fondos para la descarbonización del Sur Global y para afrontar los desastres climáticos en las zonas más vulnerables.
El ministro de Ambiente panameño, Juan Carlos Navarro, había advertido antes de difundirse el borrador de que su país no aprobaría resoluciones que no recogieran sus prioridades, entre ellas la congelación de la producción petrolera y la financiación climática para los países vulnerables. El acuerdo final requiere consenso: si una delegación se opone, no puede aprobarse. Sería la primera vez desde la COP15 de Copenhague, en 2009, que una cumbre climática concluye sin un texto final de consenso.
El documento, publicado tras consultas ministeriales nocturnas, reduce de 144 a 80 los párrafos de la propuesta. Desaparecen los llamamientos a acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y a poner fin a sus subsidios ineficientes, así como la referencia a la hoja de ruta de transición acordada en la COP30 de Belém, Brasil. La presidencia ha recibido las alegaciones de los países y prepara una nueva versión del texto.
Los responsables turcos y australianos de las negociaciones sostienen que el abandono de los combustibles fósiles ya quedó recogido en el acuerdo de Dubái y defienden centrarse en soluciones concretas. El presidente de la cumbre, Murat Kurum, negó que la supresión suponga un retroceso. El director ejecutivo de la agencia de la ONU para el cambio climático, Simon Stiell, afirmó que el compromiso de Dubái sigue vigente aunque no se mencione en la declaración de Antalya y consideró irreversible la transición hacia las renovables.
El borrador conserva la propuesta de Turquía de elevar la cuota de la electricidad en el consumo final mundial de energía del 23 % actual al 35 % en 2035, sin especificar que deba proceder de fuentes limpias. La iniciativa complementa los objetivos acordados en la COP28 de Dubái de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética en 2030. Hasta el jueves, 90 países se habían adherido a este compromiso. La Agencia Internacional de la Energía prevé en su informe anual que el mundo alcanzará el objetivo del 35 % y su director, Fatih Birol, sostiene que ello permitiría reducir las emisiones significativamente antes de lo previsto incluso con la normativa actual.
El texto incluye asimismo una meta, todavía entre corchetes, de captura, utilización y almacenamiento de carbono de entre 500 millones de toneladas y 2,5 gigatoneladas anuales para 2035. Según fuentes europeas que participan en las negociaciones, se trata de una demanda del bloque árabe. Nikki Reisch, del Center for International Environmental Law, criticó esta tecnología por considerar que sirve de cobertura y subvenciona instalaciones de la industria fósil. Greenpeace también rechaza la referencia: Sara Pizzinato, de su delegación española, advierte de que permitir a la industria fósil seguir contaminando supondría un retroceso.
En financiación, el borrador mantiene el compromiso acordado el año pasado de triplicar los fondos para la adaptación de los países más vulnerables, pero no detalla cómo alcanzarlo y elimina la exigencia de llegar a al menos 120.000 millones de dólares. También conserva la estimación de que los países en desarrollo necesitarán 305.000 millones de dólares anuales para adaptación hasta 2035 y entre 5,1 y 6,8 billones de dólares hasta 2030 para ejecutar sus planes climáticos.
Desaparecen, en cambio, las cifras sobre la aportación pública de los países ricos —entre 28.000 y 32.000 millones de dólares en 2024—, la advertencia sobre el mayor coste de la adaptación si se supera el límite de 1,5 grados y las cláusulas sobre suspensión de deuda y prioridad de las subvenciones para los pequeños Estados insulares.
La alianza AOSIS, que agrupa a 40 Estados insulares del Pacífico, Atlántico, Índico y Caribe, rechazó este viernes el borrador por no mencionar explícitamente a los responsables del calentamiento ni recoger nuevos compromisos para frenar el petróleo, el gas y el carbón. El grupo reclama reforzar los compromisos financieros hacia el Sur Global e incluir una referencia a la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre la obligación legal de los países contaminantes de afrontar los daños causados.
Tras recibir el texto, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, evitó una valoración inmediata mientras sus equipos lo examinaban. Señaló que el apoyo de Bruselas dependerá de que el acuerdo dé respuesta al rebasamiento de los 1,5 grados, mantenga la implementación en el centro y preserve el Acuerdo de París. El presidente de las negociaciones, el ministro australiano Chris Bowen, reconoció las dificultades para cerrar un pacto y pidió a las delegaciones que expusieran sus líneas rojas.
Francia ha presentado una hoja de ruta nacional para abandonar los combustibles fósiles de cara a 2040; Alemania, Países Bajos y un grupo de países del Pacífico también han presentado planes, con 2050 como fecha límite en el caso neerlandés. El ministro alemán de Medio Ambiente y Acción Climática, Carsten Schneider, defendió que las renovables aportan independencia y benefician a la economía y al mundo.
Otra negociación abierta afecta al Mecanismo de Transición Justa acordado en Belém para abordar los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, el consentimiento libre e informado y la inclusión de colectivos marginados. El acuerdo contempla que el mecanismo podría ofrecer asistencia técnica y cooperación internacional para reducir las desigualdades en la transición.
La Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Japón y Canadá se oponen a crear una institución que gestione el mecanismo y defienden que el programa se desarrolle mediante diálogos, planes de acción y un repositorio de recursos. Anabella Rosemberg, de Climate Action Network International, sostiene que hace falta un espacio de diálogo estable y representativo para apoyar a las comunidades afectadas y reducir la brecha entre países desarrollados y en desarrollo.
Kudakwashe Manjonjo, asesor de Powershift Africa, cuestiona el objetivo de electrificación mientras hay países sin acceso a la energía. En Madagascar, por ejemplo, solo el 25 % de la población tiene acceso a la electricidad, que se genera con petróleo en un 46 %, carbón en un 19 % y energía hidroeléctrica en un 31 %. Manjonjo defiende que el mecanismo permita a países como este desarrollar la eólica y la solar y decidir su propia transición; señala que, en Sudáfrica, fueron los países desarrollados y los donantes quienes indicaron cómo llevarla a cabo.
Mohab Sherif Mohamed Mohsen Gharib, de MENA Youth Network, considera que uno de los principales retos es facilitar apoyo técnico para que las comunidades participen y codiseñen proyectos de transición. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica española, Sara Aagesen, anunció en Antalya que España elaborará una hoja de ruta para acabar con los combustibles fósiles en 2050, sin detallar el plan. En 2020 creó el Instituto de Transición Justa para apoyar a las zonas afectadas por cierres de minas de carbón, centrales termoeléctricas y plantas nucleares.
La cumbre tiene previsto cerrar este viernes, aunque se espera que las negociaciones puedan prolongarse hasta el sábado. Mientras tanto, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia anunciaron en Pekín planes para aumentar la producción petrolera y el suministro de productos refinados ante la crisis energética derivada de la guerra en Irán. El Gobierno de Donald Trump está ausente de Antalya tras retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, aunque participan gobernadores, congresistas, senadores y empresarios estadounidenses.
Panamá ha advertido de que romperá el consenso en la COP31 de Antalya, en Turquía, si el acuerdo final no incluye, entre otras demandas, un límite a la producción mundial de petróleo en los niveles actuales. La amenaza llega después de que el segundo borrador de la declaración final eliminara las referencias explícitas a los combustibles fósiles que figuraban en el primer texto.
Los países que reclaman una hoja de ruta comparecieron conjuntamente para instar a la copresidencia turca y australiana a incluirla en el acuerdo. La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, también abrió la puerta a valorar un texto sin referencia a los combustibles fósiles si incluyera otras concesiones, como una mención a las hojas de ruta propuestas por Brasil en un documento separado y no vinculante, o un compromiso de electricidad limpia.
La delegación panameña trasladó su posición este jueves en una carta a la copresidencia turca y australiana de la cumbre. También reclama que el objetivo de electrificación se vincule a las energías renovables, que se reconozca el fracaso del límite de calentamiento de 1,5 grados y que las decisiones se basen en la ciencia y en los criterios del IPCC, el grupo de científicos climáticos de la ONU. Su trabajo está suspendido por desacuerdos entre los gobiernos.
Panamá ha pedido además que, cuando no sea posible alcanzar un consenso, las decisiones en las negociaciones climáticas de la ONU se adopten por mayoría simple. Su ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, también reclama que tanto los grandes emisores históricos como los países que figuran actualmente entre los más contaminantes aporten fondos para la descarbonización del Sur Global y para afrontar los desastres climáticos en las zonas más vulnerables.
El ministro de Ambiente panameño, Juan Carlos Navarro, había advertido antes de difundirse el borrador de que su país no aprobaría resoluciones que no recogieran sus prioridades, entre ellas la congelación de la producción petrolera y la financiación climática para los países vulnerables. El acuerdo final requiere consenso: si una delegación se opone, no puede aprobarse. Sería la primera vez desde la COP15 de Copenhague, en 2009, que una cumbre climática concluye sin un texto final de consenso.
El documento, publicado tras consultas ministeriales nocturnas, reduce de 144 a 80 los párrafos de la propuesta. Desaparecen los llamamientos a acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y a poner fin a sus subsidios ineficientes, así como la referencia a la hoja de ruta de transición acordada en la COP30 de Belém, Brasil. La presidencia ha recibido las alegaciones de los países y prepara una nueva versión del texto.
Los responsables turcos y australianos de las negociaciones sostienen que el abandono de los combustibles fósiles ya quedó recogido en el acuerdo de Dubái y defienden centrarse en soluciones concretas. El presidente de la cumbre, Murat Kurum, negó que la supresión suponga un retroceso. El director ejecutivo de la agencia de la ONU para el cambio climático, Simon Stiell, afirmó que el compromiso de Dubái sigue vigente aunque no se mencione en la declaración de Antalya y consideró irreversible la transición hacia las renovables.
El borrador conserva la propuesta de Turquía de elevar la cuota de la electricidad en el consumo final mundial de energía del 23 % actual al 35 % en 2035, sin especificar que deba proceder de fuentes limpias. La iniciativa complementa los objetivos acordados en la COP28 de Dubái de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética en 2030. Hasta el jueves, 90 países se habían adherido a este compromiso. La Agencia Internacional de la Energía prevé en su informe anual que el mundo alcanzará el objetivo del 35 % y su director, Fatih Birol, sostiene que ello permitiría reducir las emisiones significativamente antes de lo previsto incluso con la normativa actual.
El texto incluye asimismo una meta, todavía entre corchetes, de captura, utilización y almacenamiento de carbono de entre 500 millones de toneladas y 2,5 gigatoneladas anuales para 2035. Según fuentes europeas que participan en las negociaciones, se trata de una demanda del bloque árabe. Nikki Reisch, del Center for International Environmental Law, criticó esta tecnología por considerar que sirve de cobertura y subvenciona instalaciones de la industria fósil. Greenpeace también rechaza la referencia: Sara Pizzinato, de su delegación española, advierte de que permitir a la industria fósil seguir contaminando supondría un retroceso.
En financiación, el borrador mantiene el compromiso acordado el año pasado de triplicar los fondos para la adaptación de los países más vulnerables, pero no detalla cómo alcanzarlo y elimina la exigencia de llegar a al menos 120.000 millones de dólares. También conserva la estimación de que los países en desarrollo necesitarán 305.000 millones de dólares anuales para adaptación hasta 2035 y entre 5,1 y 6,8 billones de dólares hasta 2030 para ejecutar sus planes climáticos.
Desaparecen, en cambio, las cifras sobre la aportación pública de los países ricos —entre 28.000 y 32.000 millones de dólares en 2024—, la advertencia sobre el mayor coste de la adaptación si se supera el límite de 1,5 grados y las cláusulas sobre suspensión de deuda y prioridad de las subvenciones para los pequeños Estados insulares.
La alianza AOSIS, que agrupa a 40 Estados insulares del Pacífico, Atlántico, Índico y Caribe, rechazó este viernes el borrador por no mencionar explícitamente a los responsables del calentamiento ni recoger nuevos compromisos para frenar el petróleo, el gas y el carbón. El grupo reclama reforzar los compromisos financieros hacia el Sur Global e incluir una referencia a la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre la obligación legal de los países contaminantes de afrontar los daños causados.
Tras recibir el texto, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, evitó una valoración inmediata mientras sus equipos lo examinaban. Señaló que el apoyo de Bruselas dependerá de que el acuerdo dé respuesta al rebasamiento de los 1,5 grados, mantenga la implementación en el centro y preserve el Acuerdo de París. El presidente de las negociaciones, el ministro australiano Chris Bowen, reconoció las dificultades para cerrar un pacto y pidió a las delegaciones que expusieran sus líneas rojas.
Francia ha presentado una hoja de ruta nacional para abandonar los combustibles fósiles de cara a 2040; Alemania, Países Bajos y un grupo de países del Pacífico también han presentado planes, con 2050 como fecha límite en el caso neerlandés. El ministro alemán de Medio Ambiente y Acción Climática, Carsten Schneider, defendió que las renovables aportan independencia y benefician a la economía y al mundo.
Otra negociación abierta afecta al Mecanismo de Transición Justa acordado en Belém para abordar los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, el consentimiento libre e informado y la inclusión de colectivos marginados. El acuerdo contempla que el mecanismo podría ofrecer asistencia técnica y cooperación internacional para reducir las desigualdades en la transición.
La Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Japón y Canadá se oponen a crear una institución que gestione el mecanismo y defienden que el programa se desarrolle mediante diálogos, planes de acción y un repositorio de recursos. Anabella Rosemberg, de Climate Action Network International, sostiene que hace falta un espacio de diálogo estable y representativo para apoyar a las comunidades afectadas y reducir la brecha entre países desarrollados y en desarrollo.
Kudakwashe Manjonjo, asesor de Powershift Africa, cuestiona el objetivo de electrificación mientras hay países sin acceso a la energía. En Madagascar, por ejemplo, solo el 25 % de la población tiene acceso a la electricidad, que se genera con petróleo en un 46 %, carbón en un 19 % y energía hidroeléctrica en un 31 %. Manjonjo defiende que el mecanismo permita a países como este desarrollar la eólica y la solar y decidir su propia transición; señala que, en Sudáfrica, fueron los países desarrollados y los donantes quienes indicaron cómo llevarla a cabo.
Mohab Sherif Mohamed Mohsen Gharib, de MENA Youth Network, considera que uno de los principales retos es facilitar apoyo técnico para que las comunidades participen y codiseñen proyectos de transición. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica española, Sara Aagesen, anunció en Antalya que España elaborará una hoja de ruta para acabar con los combustibles fósiles en 2050, sin detallar el plan. En 2020 creó el Instituto de Transición Justa para apoyar a las zonas afectadas por cierres de minas de carbón, centrales termoeléctricas y plantas nucleares.
La cumbre tiene previsto cerrar este viernes, aunque se espera que las negociaciones puedan prolongarse hasta el sábado. Mientras tanto, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia anunciaron en Pekín planes para aumentar la producción petrolera y el suministro de productos refinados ante la crisis energética derivada de la guerra en Irán. El Gobierno de Donald Trump está ausente de Antalya tras retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, aunque participan gobernadores, congresistas, senadores y empresarios estadounidenses.
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- El borrador de la COP31 plantea acelerar la salida de los combustibles fósiles
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