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Nuevos controles patrimoniales para altos cargos públicos: la Ley de Administración Abierta busca mayor transparencia
El Gobierno propone exámenes aleatorios para detectar enriquecimientos unjustificados durante y tras el mandato de altos funcionarios.
Publicado: 18 de octubre de 2025, 11:56
El Gobierno español ha propuesto la implementación de controles patrimoniales aleatorios para altos cargos públicos con el objetivo de detectar posibles enriquecimientos injustificados. Esta medida se enmarca dentro del anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, acordado por el Consejo de Ministros el 7 de octubre y que actualmente se encuentra en fase de audiencia pública hasta el 17 de noviembre.
El anteproyecto establece que los exámenes aleatorios se llevarían a cabo a lo largo del mandato de los funcionarios y hasta dos años después de su finalización. La Oficina de Conflictos de Intereses será la entidad encargada de estos controles, centrados en verificar si los altos cargos han cumplido con sus obligaciones y si su patrimonio ha crecido de forma irregular.
Además de los controles patrimoniales, el anteproyecto incluye otras medidas que promueven la transparencia en la administración pública, como la obligación de los altos funcionarios de hacer públicas sus agendas institucionales y retribuciones anuales, reforzando así el compromiso del Gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.
El anteproyecto establece que los exámenes aleatorios se llevarían a cabo a lo largo del mandato de los funcionarios y hasta dos años después de su finalización. La Oficina de Conflictos de Intereses será la entidad encargada de estos controles, centrados en verificar si los altos cargos han cumplido con sus obligaciones y si su patrimonio ha crecido de forma irregular.
Además de los controles patrimoniales, el anteproyecto incluye otras medidas que promueven la transparencia en la administración pública, como la obligación de los altos funcionarios de hacer públicas sus agendas institucionales y retribuciones anuales, reforzando así el compromiso del Gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.