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Nueva normativa del Congreso y ley sobre información clasificada generan preocupación sobre la libertad de prensa en España
Dos propuestas legislativas buscan regular el ejercicio del periodismo y establecen severas sanciones para los infractores.
Publicado: 12 de julio de 2025, 11:57
En España, se están tramitando dos importantes iniciativas legislativas que tendrán un impacto significativo en la labor de los periodistas. Por un lado, el Gobierno está avanzando en la propuesta de un Proyecto de Ley de Información Clasificada que introduce un endurecimiento en las sanciones para aquellos periodistas que accedan a información calificada como "alto secreto". Por otro lado, el Congreso trabaja en un nuevo código de conducta destinado a regular el comportamiento de los periodistas acreditados, con el objetivo de preservar el derecho a la información y el respeto en la comunicación.
El Proyecto de Ley de Información Clasificada estipula que los periodistas que accedan a información enfrentarán sanciones severas no solo por difundirla, sino también por simplemente poseerla. Las multas pueden alcanzar de 800.001 a 2.500.000 euros por infracciones muy graves, lo que plantea serias interrogantes sobre el efecto que esto podría tener en la libertad de prensa. En contrapartida, la reforma del reglamento del Congreso busca garantizar un ambiente de trabajo respetuoso para los periodistas, estableciendo un código de conducta y un catálogo de sanciones que abarcarán desde apercibimientos hasta la revocación de credenciales.
Ambas iniciativas reflejan una tendencia global hacia una regulación más intensa de la profesión periodística, equilibrando la seguridad nacional y el derecho a la información. La preocupación persiste sobre cómo estas leyes afectarán el periodismo investigativo y la posibilidad de que se silencien voces críticas a través de un marco legal restrictivo.
El Proyecto de Ley de Información Clasificada estipula que los periodistas que accedan a información enfrentarán sanciones severas no solo por difundirla, sino también por simplemente poseerla. Las multas pueden alcanzar de 800.001 a 2.500.000 euros por infracciones muy graves, lo que plantea serias interrogantes sobre el efecto que esto podría tener en la libertad de prensa. En contrapartida, la reforma del reglamento del Congreso busca garantizar un ambiente de trabajo respetuoso para los periodistas, estableciendo un código de conducta y un catálogo de sanciones que abarcarán desde apercibimientos hasta la revocación de credenciales.
Ambas iniciativas reflejan una tendencia global hacia una regulación más intensa de la profesión periodística, equilibrando la seguridad nacional y el derecho a la información. La preocupación persiste sobre cómo estas leyes afectarán el periodismo investigativo y la posibilidad de que se silencien voces críticas a través de un marco legal restrictivo.