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Muere un hombre con parálisis cerebral en Elche, revelando operaciones ilegales en un centro de cuidados para dependientes
La muerte en una vivienda ilegal destapa condiciones deplorables y la falta de licencias en la atención a personas dependientes en Alicante.
Publicado: 21 de agosto de 2025, 11:58
Un hombre de 34 años con parálisis cerebral falleció en una vivienda de Elche (Alicante), que funcionaba como un centro de cuidados ilegal para personas dependientes. Tras su fallecimiento, el Ayuntamiento de Elche dio aviso a la Policía Local, que realizó una intervención comprobando las alarmantes condiciones del lugar, sin licencias y con deficiencias higiénicas. Agentes de la Policía Local de Elche, en coordinación con la Policía de la Generalitat, han desmantelado el establecimiento ilegal, donde varias personas con discapacidad, incluyendo síndrome de Down y autismo, vivían en condiciones insalubres.
Durante la inspección se hallaron varias personas con discapacidades en estado de vulnerabilidad. Los responsables del lugar admitieron no contar con la autorización necesaria y afirmaron que esta actividad se llevaba a cabo de forma clandestina desde 2016. Los agentes constataron que la vivienda no cumplía las condiciones mínimas para el alojamiento de personas dependientes, encontrando además alimentos en mal estado y un grave riesgo de contaminación. Debido a las irregularidades, las autoridades clausuraron la vivienda y realojaron a los residentes con sus familias, quienes desconocían las condiciones en las que estaban sus seres queridos.
La actuación policial reveló que los responsables cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida, fuera de cualquier régimen legal, sin seguros ni habilitación profesional necesaria. Este descubrimiento ha generado preocupación en la comunidad sobre la regulación de este tipo de centros y la protección de personas en situación de dependencia, resaltando la necesidad de una vigilancia más estricta para evitar futuros incidentes. Asimismo, se han abierto expedientes e investigaciones por parte de la Inspección de Trabajo y la Conselleria de Sanidad para determinar responsabilidades.
Durante la inspección se hallaron varias personas con discapacidades en estado de vulnerabilidad. Los responsables del lugar admitieron no contar con la autorización necesaria y afirmaron que esta actividad se llevaba a cabo de forma clandestina desde 2016. Los agentes constataron que la vivienda no cumplía las condiciones mínimas para el alojamiento de personas dependientes, encontrando además alimentos en mal estado y un grave riesgo de contaminación. Debido a las irregularidades, las autoridades clausuraron la vivienda y realojaron a los residentes con sus familias, quienes desconocían las condiciones en las que estaban sus seres queridos.
La actuación policial reveló que los responsables cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida, fuera de cualquier régimen legal, sin seguros ni habilitación profesional necesaria. Este descubrimiento ha generado preocupación en la comunidad sobre la regulación de este tipo de centros y la protección de personas en situación de dependencia, resaltando la necesidad de una vigilancia más estricta para evitar futuros incidentes. Asimismo, se han abierto expedientes e investigaciones por parte de la Inspección de Trabajo y la Conselleria de Sanidad para determinar responsabilidades.