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Migrantes venezolanos denuncian torturas sistemáticas en la cárcel de Bukele, revelan informes de Human Rights Watch
Un informe detalla abusos en la megacárcel salvadoreña a migrantes enviados por EE.UU. y el papel del gobierno de Trump.
Publicado: 12 de noviembre de 2025, 20:22
Recientemente, las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han presentado un informe alarmante sobre las condiciones de detención de migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Se documentan graves denuncias de torturas, violaciones y privación de alimentos y agua, afectando a al menos 252 migrantes enviados al país por la Administración de Donald Trump. Los testimonios corroboran un patrón sistemático de abuso, indicando que los detenidos han sido objeto de agresiones físicas por parte de los guardias.
El informe, presentado en Washington por Juanita Goebertus, directora de HRW, expone que los derechos humanos de estos individuos están siendo severamente violados, con relatos de al menos tres casos de violencia sexual ejercida por los guardias. Además, se cuestiona la legalidad de las deportaciones, ya que se indicó que casi la mitad de los venezolanos repatriados no poseían antecedentes penales significativos, lo que plantea dudas sobre la justeza de sus arrestos.
HRW y Cristosal piden una respuesta internacional ante estos abusos, considerándolos crímenes internacionales que requieren investigaciones justas y transparentes. Denuncian también el papel de Estados Unidos como cómplice de este sistema de abusos, argumentando que las políticas migratorias han creado un entorno en el que se permiten estas violaciones.
El informe, presentado en Washington por Juanita Goebertus, directora de HRW, expone que los derechos humanos de estos individuos están siendo severamente violados, con relatos de al menos tres casos de violencia sexual ejercida por los guardias. Además, se cuestiona la legalidad de las deportaciones, ya que se indicó que casi la mitad de los venezolanos repatriados no poseían antecedentes penales significativos, lo que plantea dudas sobre la justeza de sus arrestos.
HRW y Cristosal piden una respuesta internacional ante estos abusos, considerándolos crímenes internacionales que requieren investigaciones justas y transparentes. Denuncian también el papel de Estados Unidos como cómplice de este sistema de abusos, argumentando que las políticas migratorias han creado un entorno en el que se permiten estas violaciones.