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Migrantes desalojados del antiguo instituto B9 en Badalona enfrentan condiciones difíciles: realojados y nuevos asentamientos surgieron tras el desalojo.
A pesar de la reubicación de algunos, muchos migrantes siguen sin alternativas habitacionales tras el desalojo del 17 de diciembre.
Publicado: 11 de enero de 2026, 02:35
En Badalona, la situación de los migrantes desalojados del antiguo instituto B9 continúa siendo crítica. El 17 de diciembre, aproximadamente 200 personas fueron desalojadas de este espacio, que se había convertido en su hogar temporal. Desde entonces, entidades sociales y la Generalitat han trabajado para realojar a los afectados, logrando reubicar a 147 migrantes; sin embargo, muchos siguen sin un techo y acampan bajo un puente en condiciones precarias.
La situación se complicó cuando un grupo de casi 100 migrantes decidió acampar en una plaza cercana tras el desalojo. Este nuevo asentamiento, improvisado, surgió ante la falta de alternativas por parte del Ayuntamiento de Badalona, lo que generó tensiones con la policía local, que amenazó con usar la fuerza para desmantelar el campamento. Finalmente, los migrantes se vieron obligados a desmantelar su campamento debido a la presión policial.
Las reacciones al desalojo incluyen advertencias de la ONU sobre posibles violaciones a los derechos humanos por no ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. Los partidos políticos han exigido una respuesta más activa del Ayuntamiento, gobernado por el PP, para abordar la crisis de los migrantes, y han solicitado la activación de la Operación Invierno y la reapertura de albergues municipales.
La situación se complicó cuando un grupo de casi 100 migrantes decidió acampar en una plaza cercana tras el desalojo. Este nuevo asentamiento, improvisado, surgió ante la falta de alternativas por parte del Ayuntamiento de Badalona, lo que generó tensiones con la policía local, que amenazó con usar la fuerza para desmantelar el campamento. Finalmente, los migrantes se vieron obligados a desmantelar su campamento debido a la presión policial.
Las reacciones al desalojo incluyen advertencias de la ONU sobre posibles violaciones a los derechos humanos por no ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. Los partidos políticos han exigido una respuesta más activa del Ayuntamiento, gobernado por el PP, para abordar la crisis de los migrantes, y han solicitado la activación de la Operación Invierno y la reapertura de albergues municipales.