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Marine Le Pen enfrenta juicio de apelación crucial que podría definir su futuro político en las presidenciales de 2027
El tribunal decidirá si se confirma la inhabilitación que le impide participar en las elecciones mientras ella intenta demostrar su inocencia.
Publicado: 20 de enero de 2026, 22:41
Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa y candidata habitual a la presidencia, se enfrenta a un juicio de apelación que podría determinar su futuro político. La apelación, que comenzó el 13 de enero y se prolongará hasta el 12 de febrero, es crucial debido a la condena en su contra por malversación de fondos europeos, en la que se certificó que desvió 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016 mediante contratos ficticios con asistentes parlamentarios que trabajaban para su partido, la Reunificación Nacional (RN).
En el juicio, Le Pen ha cambiado su estrategia de defensa. Inicialmente, negó firme y categóricamente cualquier implicación en los delitos de los que se le acusaba, pero en las audiencias recientes ha admitido, aunque con reservas, que podría haber cometido un delito involuntariamente. Durante su declaración, la acusada intentó desviar la atención de su responsabilidad tras la figura de su padre, Jean-Marie Le Pen, argumentando que él fue quien estableció el sistema de contratación de asistentes parlamentarios que ahora se cuestiona.
La grave acusación de malversación se basa en la afirmación de que, durante su gestión, varios contratos fueron utilizados para pagar a personal que, en realidad, no desempeñaba funciones para el Parlamento Europeo, sino que trabajaba para el partido. Esto ha suscitado un debate sobre la legalidad de las acciones de Le Pen y ha llevado al tribunal a considerar pruebas que apuntan a la existencia de un sistema organizado de desvío de fondos, algo que la líder ultraderechista ha negado en varios momentos durante su declaración. La situación coloca a Le Pen en una posición muy delicada respecto a su participación como candidata en las próximas elecciones presidenciales de 2027.
En el juicio, Le Pen ha cambiado su estrategia de defensa. Inicialmente, negó firme y categóricamente cualquier implicación en los delitos de los que se le acusaba, pero en las audiencias recientes ha admitido, aunque con reservas, que podría haber cometido un delito involuntariamente. Durante su declaración, la acusada intentó desviar la atención de su responsabilidad tras la figura de su padre, Jean-Marie Le Pen, argumentando que él fue quien estableció el sistema de contratación de asistentes parlamentarios que ahora se cuestiona.
La grave acusación de malversación se basa en la afirmación de que, durante su gestión, varios contratos fueron utilizados para pagar a personal que, en realidad, no desempeñaba funciones para el Parlamento Europeo, sino que trabajaba para el partido. Esto ha suscitado un debate sobre la legalidad de las acciones de Le Pen y ha llevado al tribunal a considerar pruebas que apuntan a la existencia de un sistema organizado de desvío de fondos, algo que la líder ultraderechista ha negado en varios momentos durante su declaración. La situación coloca a Le Pen en una posición muy delicada respecto a su participación como candidata en las próximas elecciones presidenciales de 2027.