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Madrid se opone al reparto de menores extranjeros no acompañados y usará todos los recursos legales disponibles
El portavoz del Gobierno madrileño advierte que el protocolo de traslado comenzará el 28 de agosto y critican la gestión del Ejecutivo central.
Publicado: 23 de julio de 2025, 20:11
La Comunidad de Madrid ha reiterado su firme oposición al protocolo de reparto de menores extranjeros no acompañados aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que comenzará a implementarse el próximo 28 de agosto. Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno madrileño, ha expresado que estarán preparados para utilizar todos los recursos legales y administrativos necesarios para proteger los intereses de los madrileños y del conjunto de los españoles.
En una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, García Martín enfatizó que se opondrán "con todos los recursos" que tengan a su disposición ante la situación que consideran un "caos" en la política de gestión migratoria del Gobierno central. Este rechazo se centra en cómo se plantea el reparto de menores, un proceso que, según la Comunidad de Madrid, ha sido diseñado de manera "totalmente arbitraria".
El anuncio del Gobierno central de iniciar el proceso de traslado de menores ha generado controversia, especialmente entre las autoridades madrileñas, que argumentan que este enfoque no respeta el marco competencial de las comunidades autónomas. Pese a la oposición del PP en la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha dejado claro que la reubicación de estos menores será de "obligado cumplimiento", lo que ha creado tensiones entre ambas partes.
En una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, García Martín enfatizó que se opondrán "con todos los recursos" que tengan a su disposición ante la situación que consideran un "caos" en la política de gestión migratoria del Gobierno central. Este rechazo se centra en cómo se plantea el reparto de menores, un proceso que, según la Comunidad de Madrid, ha sido diseñado de manera "totalmente arbitraria".
El anuncio del Gobierno central de iniciar el proceso de traslado de menores ha generado controversia, especialmente entre las autoridades madrileñas, que argumentan que este enfoque no respeta el marco competencial de las comunidades autónomas. Pese a la oposición del PP en la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha dejado claro que la reubicación de estos menores será de "obligado cumplimiento", lo que ha creado tensiones entre ambas partes.