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Lula da Silva toma decisiones críticas en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la democracia en Brasil
Las recientes legislaciones marcan un giro en la política del país bajo la presión de las organizaciones criminales y la historia reciente del golpismo.
Publicado: 20 de diciembre de 2025, 14:20
En las últimas semanas, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha estado en el centro de dos importantes decisiones legislativas que reflejan su enfoque hacia la seguridad pública y la defensa de la democracia en Brasil. Por un lado, el Senado aprobó una ley que endurece las penas contra el crimen organizado, integrando el delito de “facción criminal” en el código penal. Por otro lado, Lula ha anunciado su intención de vetar un proyecto que permitiría reducir las penas para aquellos involucrados en el intento de golpe de Estado del 2022, lo que subraya su compromiso con la justicia y la constitucionalidad.
El 11 de diciembre de 2025, el Senado brasileño aprobó una legislación significativa que busca combatir el crimen organizado. Esta nueva ley establece penas que oscilan entre 15 a 30 años de prisión por “facción criminal”, que se pueden ampliar hasta 60 años para los líderes de estas organizaciones. Este movimiento es parte del esfuerzo del gobierno de Lula por responder a las crecientes críticas sobre su manejo de la seguridad y la ineficacia de las políticas anteriores frente al narcotráfico y el crimen organizado.
El 18 de diciembre de 2025, Lula confirmó su decisión de vetar un proyecto de ley que permitiría la reducción de penas para los condenados por delitos contra la democracia, incluidos los partidarios de Jair Bolsonaro. Lula ha enfatizado que “las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos”, subrayando la importancia de la rendición de cuentas en un contexto político tenso.
El 11 de diciembre de 2025, el Senado brasileño aprobó una legislación significativa que busca combatir el crimen organizado. Esta nueva ley establece penas que oscilan entre 15 a 30 años de prisión por “facción criminal”, que se pueden ampliar hasta 60 años para los líderes de estas organizaciones. Este movimiento es parte del esfuerzo del gobierno de Lula por responder a las crecientes críticas sobre su manejo de la seguridad y la ineficacia de las políticas anteriores frente al narcotráfico y el crimen organizado.
El 18 de diciembre de 2025, Lula confirmó su decisión de vetar un proyecto de ley que permitiría la reducción de penas para los condenados por delitos contra la democracia, incluidos los partidarios de Jair Bolsonaro. Lula ha enfatizado que “las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos”, subrayando la importancia de la rendición de cuentas en un contexto político tenso.