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Los Tribunales de Instancia comenzarán a operar en enero de 2026: última fase de la ley de eficiencia judicial
La implementación genera preocupación entre los jueces sobre el posible colapso del sistema judicial.
Publicado: 1 de enero de 2026, 02:21
El 1 de enero de 2026, se pondrá en marcha la última fase de la ley de eficiencia judicial en España, transformando los juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia. Esta reforma, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, busca modernizar y agilizar el servicio judicial, mejorando así la respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Más de 300 tribunales de instancia ya están operando desde julio sin incidencias notables, y se activarán 100 tribunales adicionales en grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma y Valladolid, a excepción de Oviedo, Gijón y Avilés, que comenzarán el 15 de febrero.
No obstante, la implementación de esta reforma ha desatado cierto malestar, ya que jueces decanos de ciudades como Madrid y Valencia expresan su preocupación sobre la falta de preparación y sugieren una moratoria para su activación. En la última Conferencia Sectorial de Justicia, se destacó la necesidad de dotar de flexibilidad en la entrada en funcionamiento de los diferentes equipos, que se realizará de forma progresiva según las necesidades organizativas y de carga de trabajo. A pesar de la inversión de 325 millones de euros destinada a la modernización, persiste la incertidumbre sobre su efectividad y el impacto en la actividad judicial diaria.
La nueva ley ha conseguido reducir en un 36% los actos de comunicación pendientes y ha facilitado una disminución del 30.9% en nuevos litigios civiles, promoviendo además la mediación como alternativa a los procesos judiciales. Según datos del Ministerio, la reforma ha llevado a una disminución del 30% en las ejecuciones de sentencias, alcanzando hasta un 69% en Andalucía y un 55% en Castilla-La Mancha. Sin embargo, el futuro de este nuevo sistema judicial sigue siendo incierto, y se espera que el inicio de las operaciones de los tribunales genere diversas reacciones en el ámbito legal.
No obstante, la implementación de esta reforma ha desatado cierto malestar, ya que jueces decanos de ciudades como Madrid y Valencia expresan su preocupación sobre la falta de preparación y sugieren una moratoria para su activación. En la última Conferencia Sectorial de Justicia, se destacó la necesidad de dotar de flexibilidad en la entrada en funcionamiento de los diferentes equipos, que se realizará de forma progresiva según las necesidades organizativas y de carga de trabajo. A pesar de la inversión de 325 millones de euros destinada a la modernización, persiste la incertidumbre sobre su efectividad y el impacto en la actividad judicial diaria.
La nueva ley ha conseguido reducir en un 36% los actos de comunicación pendientes y ha facilitado una disminución del 30.9% en nuevos litigios civiles, promoviendo además la mediación como alternativa a los procesos judiciales. Según datos del Ministerio, la reforma ha llevado a una disminución del 30% en las ejecuciones de sentencias, alcanzando hasta un 69% en Andalucía y un 55% en Castilla-La Mancha. Sin embargo, el futuro de este nuevo sistema judicial sigue siendo incierto, y se espera que el inicio de las operaciones de los tribunales genere diversas reacciones en el ámbito legal.