Progresista 53.3%Conservador 46.7%
Los radares de velocidad en España imponen más de 3.4 millones de multas en 2024, con tendencia a la baja en algunas comunidades
La DGT reporta un incremento en las sanciones, aunque el radar más activo reduce su actividad en comparación con el año anterior.
Publicado: 14 de julio de 2025, 19:57
Durante el año 2024, los radares de velocidad en España registraron un notable incremento en las sanciones, alcanzando un total de 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad, lo que representa un aumento del 4% respecto al año anterior. La concentración de las multas se ha vuelto un tema destacado, ya que solo 50 de más de 1.000 radares generaron 1.156.954 sanciones, siendo Andalucía la comunidad con más multas.
El radar más sancionador está en la M-40, con 74.873 multas, aunque esta cifra ha disminuido un 36% en comparación con 2023. Se reportan incrementos significativos en otros radares, lo que sugiere variaciones en la actividad sancionadora entre diferentes regiones y carreteras. La Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) critica que la mayoría de las sanciones se emiten en autopistas, sugiriendo que la política de uso de radares se centra más en la recaudación que en la prevención de accidentes.
Por último, los datos de ambas fuentes son consistentes y sustentados, lo que otorga credibilidad a la información presentada y pone de relieve la necesidad de replantear las políticas de sanción en relación con la siniestralidad real.
El radar más sancionador está en la M-40, con 74.873 multas, aunque esta cifra ha disminuido un 36% en comparación con 2023. Se reportan incrementos significativos en otros radares, lo que sugiere variaciones en la actividad sancionadora entre diferentes regiones y carreteras. La Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) critica que la mayoría de las sanciones se emiten en autopistas, sugiriendo que la política de uso de radares se centra más en la recaudación que en la prevención de accidentes.
Por último, los datos de ambas fuentes son consistentes y sustentados, lo que otorga credibilidad a la información presentada y pone de relieve la necesidad de replantear las políticas de sanción en relación con la siniestralidad real.