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Los Mossos d'Esquadra bajo investigación por la fuga de Puigdemont: requisición de móviles genera controversia judicial
La magistrada ordena la incautación de dispositivos en busca de pruebas que vinculen a los agentes con el expresident.
Publicado: 17 de enero de 2026, 04:43
La investigación sobre los Mossos d'Esquadra por su posible complicidad en la fuga de Carles Puigdemont ha tomado un giro significativo en los últimos meses, revelando un contexto complejo en el que las decisiones judiciales y la actuación policial se entrelazan. En diciembre de 2025, la magistrada María Antonia Coscollola, del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, había dado la orden de requisar los teléfonos de tres agentes, acusados de haber ayudado al expresident a escapar cuando se presentó en un mitin en la ciudad el 8 de agosto de 2024.
La requisición de los móviles, que se produjo más de dos semanas después de la orden judicial, ha generado un intenso debate sobre las capacidades de las investigaciones y el cumplimiento de la ley. La jueza había solicitado la intervención de los dispositivos para analizar posibles flujos de comunicación que pudieran haber facilitado la huida de Puigdemont. Sin embargo, antes de la requisición, la misma jueza había sido forzada por la Audiencia Provincial de Barcelona a cumplir esta medida, que inicialmente había rechazado.
A finales de 2025, se informaba que los teléfonos de los mossos implicados aún no habían sido requisados, lo que generaba preocupaciones sobre la eficacia de la investigación y la posibilidad de que pruebas clave se perdieran con el tiempo. Este contexto plantea serias preguntas sobre la integridad de la investigación y la capacidad del sistema judicial para abordar acusaciones que involucran la seguridad del Estado.
La requisición de los móviles, que se produjo más de dos semanas después de la orden judicial, ha generado un intenso debate sobre las capacidades de las investigaciones y el cumplimiento de la ley. La jueza había solicitado la intervención de los dispositivos para analizar posibles flujos de comunicación que pudieran haber facilitado la huida de Puigdemont. Sin embargo, antes de la requisición, la misma jueza había sido forzada por la Audiencia Provincial de Barcelona a cumplir esta medida, que inicialmente había rechazado.
A finales de 2025, se informaba que los teléfonos de los mossos implicados aún no habían sido requisados, lo que generaba preocupaciones sobre la eficacia de la investigación y la posibilidad de que pruebas clave se perdieran con el tiempo. Este contexto plantea serias preguntas sobre la integridad de la investigación y la capacidad del sistema judicial para abordar acusaciones que involucran la seguridad del Estado.