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Los juzgados de violencia sobre la mujer asumen todas las agresiones sexuales, generando inquietudes por la carga de trabajo adicional
Este cambio se enmarca en la Ley de Eficiencia, que busca mejorar la atención a las víctimas, pero enfrenta críticas sobre la falta de recursos.
Publicado: 3 de octubre de 2025, 12:27
A partir del 3 de octubre de 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer en España asumirán todas las agresiones sexuales, ampliando significativamente sus competencias en el contexto de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Este cambio busca cumplir compromisos internacionales y garantizar atención especializada a las víctimas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estimado que esta ampliación supondrá un aumento del 12,9% en la carga de trabajo promedio, con perspectivas de un incremento mayor en ciertas regiones. Para mitigar la situación, el Ministerio de Justicia creará 50 nuevas plazas para jueces, pero los magistrados advierten sobre un posible colapso en juzgados ya saturados, señalando que los refuerzos son insuficientes y criticando la falta de recursos.
Algunos magistrados han manifestado preocupaciones sobre cómo este cambio podría ralentizar los procesos judiciales, afectando la atención personalizada que requieren las víctimas de violencia de género. A pesar de las críticas, se considera que este es un paso necesario hacia una justicia más adecuada a la gravedad de los delitos de género.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estimado que esta ampliación supondrá un aumento del 12,9% en la carga de trabajo promedio, con perspectivas de un incremento mayor en ciertas regiones. Para mitigar la situación, el Ministerio de Justicia creará 50 nuevas plazas para jueces, pero los magistrados advierten sobre un posible colapso en juzgados ya saturados, señalando que los refuerzos son insuficientes y criticando la falta de recursos.
Algunos magistrados han manifestado preocupaciones sobre cómo este cambio podría ralentizar los procesos judiciales, afectando la atención personalizada que requieren las víctimas de violencia de género. A pesar de las críticas, se considera que este es un paso necesario hacia una justicia más adecuada a la gravedad de los delitos de género.