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Leire Díez y Javier Pérez-Dolset se enfrentan a un duro interrogatorio por tráfico de influencias en un caso de corrupción
La exmilitante del PSOE testificará sobre su supuesta actividad delictiva y su relación con la cúpula del partido ante el juez Zamarriego.
Publicado: 17 de noviembre de 2025, 07:49
Este lunes, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset comparecen ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, donde se enfrentarán a un cuestionario exhaustivo sobre su involucramiento en maniobras para desacreditar a la cúpula de la Unidad Central Operativa (UCO) y las instancias anticorrupción. Se les imputan cargos de tráfico de influencias y cohecho, relacionados con un plan delictivo presuntamente orquestado para obtener ventajas en investigaciones que involucran a políticos y empresarios.
La situación de Díez ha ganado relevancia con la aparición de grabaciones comprometedoras. A pesar de sus intentos por desvincularse de actividades ilícitas, las grabaciones sugieren que su papel podría haber sido más que el de un simple periodista, presentándose como “la mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El juez Arturo Zamarriego tiene una amplia gama de testimonios que complican la defensa de Díez, presentando un conjunto de acusaciones que sugieren una intención deliberada de desacreditar a los que investigaban al PSOE.
La jornada en el juzgado se anticipa intensa, con múltiples partes interesadas exigiendo responsabilidades legales. En este sentido, Leire Díez ha declarado que solo se reunió con Cerdán en dos ocasiones y que se considera periodista. Este relato se contradice con afirmaciones previas en las que se identificaba como “la mano derecha” de Cerdán, lo que ha hecho que desde el PSOE intentes desvincularse de su declaración, aseverando que se está desdiciendo. El empresario Javier Pérez-Dolset también confirmó ante el juez que en una de las reuniones estaba presente Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones. Además, el juez ha recibido diversas denuncias que ponen de manifiesto un entramado de manipulación de casos relevantes, donde según el fiscal Ignacio Stampa, tanto Díez como sus colaboradores buscaban recabar información comprometida para obstruir investigaciones judiciales a cambio de favores procesales.
En este marco, surgió también el nombre de la Asociación Hazte Oír, que ha ejercido presión para que se investigue la posible implicación de otros miembros del Partido Socialista en este embrollo. Las grabaciones que han salido a la luz y el testimonio de varios fiscales son fundamentales para entender la magnitud de las acusaciones contra Díez, quien ha solicitado la nulidad de dichas grabaciones por considerar que vulneran sus derechos, argumentando el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Las declaraciones se producen después de que el juez ordenara reproducir esos audios en la sala antes de iniciar los interrogatorios.
El interrogatorio comenzará en un ambiente de alta tensión, con los acusados en el banquillo, rodeados de abogados que buscan exponer las contradicciones en sus versiones. El caso ha quedado marcado por la implicación de varios actores políticos, incluyendo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha declarado no tener conocimiento de las actividades de Díez y Pérez-Dolset. La situación en el PSOE es delicada, y este juicio se perfila como uno de los más relevantes en el panorama político y judicial reciente en España.
La situación de Díez ha ganado relevancia con la aparición de grabaciones comprometedoras. A pesar de sus intentos por desvincularse de actividades ilícitas, las grabaciones sugieren que su papel podría haber sido más que el de un simple periodista, presentándose como “la mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El juez Arturo Zamarriego tiene una amplia gama de testimonios que complican la defensa de Díez, presentando un conjunto de acusaciones que sugieren una intención deliberada de desacreditar a los que investigaban al PSOE.
La jornada en el juzgado se anticipa intensa, con múltiples partes interesadas exigiendo responsabilidades legales. En este sentido, Leire Díez ha declarado que solo se reunió con Cerdán en dos ocasiones y que se considera periodista. Este relato se contradice con afirmaciones previas en las que se identificaba como “la mano derecha” de Cerdán, lo que ha hecho que desde el PSOE intentes desvincularse de su declaración, aseverando que se está desdiciendo. El empresario Javier Pérez-Dolset también confirmó ante el juez que en una de las reuniones estaba presente Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones. Además, el juez ha recibido diversas denuncias que ponen de manifiesto un entramado de manipulación de casos relevantes, donde según el fiscal Ignacio Stampa, tanto Díez como sus colaboradores buscaban recabar información comprometida para obstruir investigaciones judiciales a cambio de favores procesales.
En este marco, surgió también el nombre de la Asociación Hazte Oír, que ha ejercido presión para que se investigue la posible implicación de otros miembros del Partido Socialista en este embrollo. Las grabaciones que han salido a la luz y el testimonio de varios fiscales son fundamentales para entender la magnitud de las acusaciones contra Díez, quien ha solicitado la nulidad de dichas grabaciones por considerar que vulneran sus derechos, argumentando el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Las declaraciones se producen después de que el juez ordenara reproducir esos audios en la sala antes de iniciar los interrogatorios.
El interrogatorio comenzará en un ambiente de alta tensión, con los acusados en el banquillo, rodeados de abogados que buscan exponer las contradicciones en sus versiones. El caso ha quedado marcado por la implicación de varios actores políticos, incluyendo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha declarado no tener conocimiento de las actividades de Díez y Pérez-Dolset. La situación en el PSOE es delicada, y este juicio se perfila como uno de los más relevantes en el panorama político y judicial reciente en España.