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Las víctimas del amianto en España enfrentan una larga espera para recibir indemnizaciones mientras se establecen nuevos requisitos burocráticos
A pesar de que el Gobierno ha comenzado a liberar fondos, la mayoría de los afectados sienten que siguen siendo ignorados por el sistema.
Publicado: 23 de diciembre de 2025, 16:38
En España, las víctimas del amianto han estado luchando por recibir compensaciones prometidas por el Gobierno a través del Fondo de Compensación creado para resarcir a quienes han sufrido enfermedades derivadas de la exposición a este material. A pesar de la creación de un fondo de 25 millones de euros anuales, destinado a indemnizar a estos damnificados, los fondos no han sido utilizados correctamente y los gastos no se acumulan para los años en que no se activaron los pagos.
Recientemente, la Seguridad Social ha comenzado a notificar a ciertos beneficiarios que recibirán indemnizaciones, pero el inicio de estos pagos llega con un considerable retraso. La primera fase de compensaciones ha sido activada, casi cuatro años después de la creación del fondo. Sin embargo, muchos afectados por el amianto no podrán beneficiarse de estas indemnizaciones debido a requisitos burocráticos restrictivos. Las críticas apuntan a que el nuevo marco regulador contradice las intenciones iniciales de la ley que creó el fondo y resulta en indemnizaciones considerablemente más bajas que las que se podrían obtener por vía judicial.
Mientras se espera que el sistema sea reformado para aumentar el acceso a las compensaciones y eliminar las injusticias que actualmente enfrentan las víctimas, sigue siendo imperativo que tanto las administraciones públicas como la sociedad reconozcan la importancia de resarcir a aquellos que han padecido y siguen padeciendo las consecuencias fatales de la exposición al amianto.
Recientemente, la Seguridad Social ha comenzado a notificar a ciertos beneficiarios que recibirán indemnizaciones, pero el inicio de estos pagos llega con un considerable retraso. La primera fase de compensaciones ha sido activada, casi cuatro años después de la creación del fondo. Sin embargo, muchos afectados por el amianto no podrán beneficiarse de estas indemnizaciones debido a requisitos burocráticos restrictivos. Las críticas apuntan a que el nuevo marco regulador contradice las intenciones iniciales de la ley que creó el fondo y resulta en indemnizaciones considerablemente más bajas que las que se podrían obtener por vía judicial.
Mientras se espera que el sistema sea reformado para aumentar el acceso a las compensaciones y eliminar las injusticias que actualmente enfrentan las víctimas, sigue siendo imperativo que tanto las administraciones públicas como la sociedad reconozcan la importancia de resarcir a aquellos que han padecido y siguen padeciendo las consecuencias fatales de la exposición al amianto.