SociedadContrastada con 5 fuentes
Orientación de los medios consultados
Medios progresistas 45%Medios conservadores 55%
Las peticiones de ayuda al Defensor del Profesor aumentan un 19,9%
El servicio de ANPE atendió 2.402 casos en el curso 2025-2026 y registró 65 agresiones físicas de familiares a docentes, frente a 33 el año anterior.
Publicado: 19 de noviembre de 2026, 15:58
El servicio Defensor del Profesor, gestionado por el sindicato ANPE, atendió 2.402 casos de conflictividad durante el curso 2025-2026, un 19,9% más que los 2.004 del curso anterior. Entre las situaciones comunicadas figuran faltas de respeto, falsas acusaciones, dificultades para impartir clase, acoso y agresiones.
La memoria anual, presentada este jueves en Madrid, señala que las cifras ofrecen una visión parcial del problema, ya que suelen acudir al servicio docentes que no encuentran apoyo de la Administración. Creado en 2005, el Defensor del Profesor acumula 48.723 actuaciones, de las cuales 8.455 corresponden al último lustro.
El 50% de quienes acudieron al servicio señaló problemas con la Administración; el 41,3%, con el alumnado, y el 33,5%, con las familias. Los dos últimos grupos sumaron respectivamente 993 y 804 casos, frente a 854 y 689 el curso anterior. El 68,5% de las consultas fueron realizadas por mujeres.
El 42,6% de las atenciones procedió de Secundaria y el 39% de Primaria. En Infantil y Primaria tuvieron más peso los problemas con las familias, mientras que en Secundaria y FP básica predominaron los conflictos con estudiantes. La mitad de los docentes de Secundaria que acudieron al servicio indicó problemas con alumnos, una proporción que llegó al 75% en FP básica. En Infantil, la mitad comunicó problemas con las familias.
Las faltas de respeto fueron el motivo de 800 casos, frente a 608 el curso anterior; las falsas acusaciones sumaron 725, frente a 571; las dificultades para dar clase, 491, frente a 346; las denuncias en el centro o ante la inspección, 491, frente a 342; y el acoso, 417, frente a 320.
Entre los conflictos con alumnos se contabilizaron 491 casos de dificultades para dar clase, 449 faltas de respeto, 233 amenazas y 180 agresiones. También se registraron 153 conductas agresivas entre alumnos, 147 casos de acoso, 133 denuncias en el centro o ante inspección, 65 casos de ciberacoso y 38 daños a propiedades de profesores.
En los problemas con las familias destacaron 508 casos de acusaciones que los docentes consideraron falsas, 418 de faltas de respeto y 394 denuncias en el centro o ante inspección. El servicio atendió además 294 casos de acoso por parte de familiares o tutores, frente a 226 el curso anterior. Las agresiones físicas atribuidas a familiares pasaron de 33 a 65, mientras que descendieron las presiones para subir notas, de 162 a 159 casos, y el ciberacoso, de 90 a 80.
La coordinadora estatal del servicio, Teresa Hernández, citó entre los problemas comunicados insultos, empujones, escupitajos e interrupciones de clase. También señaló que en algunas agresiones están implicados alumnos con diagnósticos y que en esos casos se necesitan más recursos y ayuda. Según indicó, el aumento de consultas puede explicarse en parte porque más docentes conocen el servicio, pero también porque las administraciones siguen sin dar respuesta a quienes sufren problemas de convivencia.
En el curso actual, ANPE ha comenzado a recibir consultas de profesores ridiculizados o cuestionados desde cuentas en redes sociales que sus autores creen anónimas, según Hernández.
Entre los testimonios recogidos figura el de un profesor de 2.º de ESO que relató que un alumno le empujó y le hizo caer ante su clase. Según su versión, después recibió de la familia una denuncia por «falsa agresión», además de llamadas y mensajes amenazadores. El docente afirmó que contó con el respaldo del centro y de las autoridades, pero que la situación le causó estrés y una carga mental añadida.
En otro caso, una profesora pidió ayuda tras aparecer una pintada insultante con su nombre en la fachada de su centro. Según su denuncia, el equipo directivo la borró, pero no investigó quién la había realizado, pese a existir un vídeo. La docente explicó que se sentía sola y rechazó una actividad para todo el centro porque no quería seguir siendo el foco de atención.
El informe indica que el 72% de los docentes atendidos presentaba ansiedad, frente al 71,3% del curso anterior. Las bajas médicas subieron del 17,3% al 19,1%, mientras que la depresión afectó al 11,4%, frente al 11,7% anterior.
Entre quienes recurrieron al servicio, la ansiedad fue más frecuente en docentes con entre diez y quince años de experiencia, con un 78,2%. Los que llevaban más de quince años registraron las mayores proporciones de bajas, un 21,7%, y de depresión, un 15,2%. Por etapas, las bajas afectaron al 25,3% de los atendidos en FP básica, al 22% en Infantil y al 20% en Primaria.
El 31,5% de los casos correspondió a docentes con entre cinco y diez años de experiencia y el 30,9% a quienes superaban los quince años. Los profesores en su primer año señalaron en mayor proporción problemas con el alumnado, mientras que los de más de diez años los comunicaron con más frecuencia con las familias. Los docentes con entre uno y cinco años representaron el 14% de quienes acudieron al servicio, frente al 12,4% del curso anterior.
Casi el 25% del profesorado atendido manifestó haber recibido apoyo, una proporción inferior a la del curso anterior. Hernández advirtió de que algunos docentes no se sienten respaldados por la dirección de sus centros.
En la Comunidad de Madrid, el 72,3% de los docentes atendidos presentaba ansiedad, el 14,6% estaba de baja y el 11,8% tenía depresión. Primaria concentró el 46,3% de las intervenciones y Secundaria el 39,4%. El servicio regional registró 30 agresiones físicas de familiares a profesores, frente a 24 el año anterior. Su coordinador, el psicólogo José Antonio Carmona, pidió agilizar la respuesta a las conductas graves y simplificar los trámites. Según la memoria regional de convivencia de 2024-2025, los centros madrileños abrieron 6.916 protocolos por situaciones como acoso, autolesiones, conducta suicida o adicciones.
La vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García, consideró que las aulas reflejan una sociedad más compleja y crispada. El sindicato reclama un estatuto de la función pública docente, inversión sostenida, protocolos de protección y atención a los profesores agredidos, así como el desarrollo de la autoridad docente en todas las comunidades, con presunción de veracidad y tipificación del atentado contra la autoridad en el ejercicio de la profesión.
ANPE también pide reducir ratios, jornada lectiva y burocracia, incorporar enfermería escolar en todos los centros y reconocer la ansiedad y la depresión como enfermedades profesionales. Hernández defendió un plan nacional de prevención y un acuerdo educativo de mínimos. El presidente del sindicato, Francisco Venzelá, planteó asimismo pactar contenidos comunes para las pruebas de acceso a la universidad y examinar en la Conferencia Sectorial de Educación las diferencias de resultados entre comunidades.
Al margen del informe, docentes de la Comunidad de Madrid mantienen una huelga indefinida para reclamar, entre otras medidas, una reducción de ratios y de jornada lectiva y un incremento salarial. La protesta ha superado un mes sin que la consejera de Educación se haya reunido con la comisión de huelga, de la que ANPE se ha desmarcado.
La memoria anual, presentada este jueves en Madrid, señala que las cifras ofrecen una visión parcial del problema, ya que suelen acudir al servicio docentes que no encuentran apoyo de la Administración. Creado en 2005, el Defensor del Profesor acumula 48.723 actuaciones, de las cuales 8.455 corresponden al último lustro.
El 50% de quienes acudieron al servicio señaló problemas con la Administración; el 41,3%, con el alumnado, y el 33,5%, con las familias. Los dos últimos grupos sumaron respectivamente 993 y 804 casos, frente a 854 y 689 el curso anterior. El 68,5% de las consultas fueron realizadas por mujeres.
El 42,6% de las atenciones procedió de Secundaria y el 39% de Primaria. En Infantil y Primaria tuvieron más peso los problemas con las familias, mientras que en Secundaria y FP básica predominaron los conflictos con estudiantes. La mitad de los docentes de Secundaria que acudieron al servicio indicó problemas con alumnos, una proporción que llegó al 75% en FP básica. En Infantil, la mitad comunicó problemas con las familias.
Las faltas de respeto fueron el motivo de 800 casos, frente a 608 el curso anterior; las falsas acusaciones sumaron 725, frente a 571; las dificultades para dar clase, 491, frente a 346; las denuncias en el centro o ante la inspección, 491, frente a 342; y el acoso, 417, frente a 320.
Entre los conflictos con alumnos se contabilizaron 491 casos de dificultades para dar clase, 449 faltas de respeto, 233 amenazas y 180 agresiones. También se registraron 153 conductas agresivas entre alumnos, 147 casos de acoso, 133 denuncias en el centro o ante inspección, 65 casos de ciberacoso y 38 daños a propiedades de profesores.
En los problemas con las familias destacaron 508 casos de acusaciones que los docentes consideraron falsas, 418 de faltas de respeto y 394 denuncias en el centro o ante inspección. El servicio atendió además 294 casos de acoso por parte de familiares o tutores, frente a 226 el curso anterior. Las agresiones físicas atribuidas a familiares pasaron de 33 a 65, mientras que descendieron las presiones para subir notas, de 162 a 159 casos, y el ciberacoso, de 90 a 80.
La coordinadora estatal del servicio, Teresa Hernández, citó entre los problemas comunicados insultos, empujones, escupitajos e interrupciones de clase. También señaló que en algunas agresiones están implicados alumnos con diagnósticos y que en esos casos se necesitan más recursos y ayuda. Según indicó, el aumento de consultas puede explicarse en parte porque más docentes conocen el servicio, pero también porque las administraciones siguen sin dar respuesta a quienes sufren problemas de convivencia.
En el curso actual, ANPE ha comenzado a recibir consultas de profesores ridiculizados o cuestionados desde cuentas en redes sociales que sus autores creen anónimas, según Hernández.
Entre los testimonios recogidos figura el de un profesor de 2.º de ESO que relató que un alumno le empujó y le hizo caer ante su clase. Según su versión, después recibió de la familia una denuncia por «falsa agresión», además de llamadas y mensajes amenazadores. El docente afirmó que contó con el respaldo del centro y de las autoridades, pero que la situación le causó estrés y una carga mental añadida.
En otro caso, una profesora pidió ayuda tras aparecer una pintada insultante con su nombre en la fachada de su centro. Según su denuncia, el equipo directivo la borró, pero no investigó quién la había realizado, pese a existir un vídeo. La docente explicó que se sentía sola y rechazó una actividad para todo el centro porque no quería seguir siendo el foco de atención.
El informe indica que el 72% de los docentes atendidos presentaba ansiedad, frente al 71,3% del curso anterior. Las bajas médicas subieron del 17,3% al 19,1%, mientras que la depresión afectó al 11,4%, frente al 11,7% anterior.
Entre quienes recurrieron al servicio, la ansiedad fue más frecuente en docentes con entre diez y quince años de experiencia, con un 78,2%. Los que llevaban más de quince años registraron las mayores proporciones de bajas, un 21,7%, y de depresión, un 15,2%. Por etapas, las bajas afectaron al 25,3% de los atendidos en FP básica, al 22% en Infantil y al 20% en Primaria.
El 31,5% de los casos correspondió a docentes con entre cinco y diez años de experiencia y el 30,9% a quienes superaban los quince años. Los profesores en su primer año señalaron en mayor proporción problemas con el alumnado, mientras que los de más de diez años los comunicaron con más frecuencia con las familias. Los docentes con entre uno y cinco años representaron el 14% de quienes acudieron al servicio, frente al 12,4% del curso anterior.
Casi el 25% del profesorado atendido manifestó haber recibido apoyo, una proporción inferior a la del curso anterior. Hernández advirtió de que algunos docentes no se sienten respaldados por la dirección de sus centros.
En la Comunidad de Madrid, el 72,3% de los docentes atendidos presentaba ansiedad, el 14,6% estaba de baja y el 11,8% tenía depresión. Primaria concentró el 46,3% de las intervenciones y Secundaria el 39,4%. El servicio regional registró 30 agresiones físicas de familiares a profesores, frente a 24 el año anterior. Su coordinador, el psicólogo José Antonio Carmona, pidió agilizar la respuesta a las conductas graves y simplificar los trámites. Según la memoria regional de convivencia de 2024-2025, los centros madrileños abrieron 6.916 protocolos por situaciones como acoso, autolesiones, conducta suicida o adicciones.
La vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García, consideró que las aulas reflejan una sociedad más compleja y crispada. El sindicato reclama un estatuto de la función pública docente, inversión sostenida, protocolos de protección y atención a los profesores agredidos, así como el desarrollo de la autoridad docente en todas las comunidades, con presunción de veracidad y tipificación del atentado contra la autoridad en el ejercicio de la profesión.
ANPE también pide reducir ratios, jornada lectiva y burocracia, incorporar enfermería escolar en todos los centros y reconocer la ansiedad y la depresión como enfermedades profesionales. Hernández defendió un plan nacional de prevención y un acuerdo educativo de mínimos. El presidente del sindicato, Francisco Venzelá, planteó asimismo pactar contenidos comunes para las pruebas de acceso a la universidad y examinar en la Conferencia Sectorial de Educación las diferencias de resultados entre comunidades.
Al margen del informe, docentes de la Comunidad de Madrid mantienen una huelga indefinida para reclamar, entre otras medidas, una reducción de ratios y de jornada lectiva y un incremento salarial. La protesta ha superado un mes sin que la consejera de Educación se haya reunido con la comisión de huelga, de la que ANPE se ha desmarcado.