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Las parejas lesbianas no casadas podrán inscribir a sus hijos en hospitales según nueva instrucción del Gobierno español
El Ministerio de la Presidencia aclara cuestiones legales tras la entrada en vigor de la Ley trans, facilitando la filiación para parejas no casadas.
Publicado: 4 de julio de 2025, 20:12
Un nuevo avance en derechos para las parejas lesbianas en España se ha producido con la aprobación de una instrucción por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta instrucción permite a las parejas de lesbianas que no están casadas inscribir a sus hijos en los hospitales, surgida como respuesta a las incertidumbres tras la entrada en vigor de la Ley trans, que modificó el artículo 44 de la ley del Registro Civil, eliminando el requisito de matrimonio para inscribir la filiación del hijo de una de las parejas.
A pesar de este avance, la ley de técnicas de reproducción humana asistida todavía mantiene la filiación matrimonial para las parejas lesbianas, lo cual suscita dudas. La nueva instrucción aclara que una vez que el progenitor no gestante firme el formulario de comunicación electrónica de nacimientos, se reconocerá la filiación, y se especifica que cualquier mención a la instrucción anterior de 2015 queda sin efecto, representando un importante cambio en las políticas de inclusión y derechos en España.
Este contexto marca un hito en las discusiones legales sobre derechos de parejas homosexuales, en un momento en que la comunidad LGTBI enfrenta retos en derechos civiles, buscando el Gobierno, liderado por el PSOE, despejar dudas en el acceso a servicios de salud para estas familias.
A pesar de este avance, la ley de técnicas de reproducción humana asistida todavía mantiene la filiación matrimonial para las parejas lesbianas, lo cual suscita dudas. La nueva instrucción aclara que una vez que el progenitor no gestante firme el formulario de comunicación electrónica de nacimientos, se reconocerá la filiación, y se especifica que cualquier mención a la instrucción anterior de 2015 queda sin efecto, representando un importante cambio en las políticas de inclusión y derechos en España.
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