Progresista 36%Conservador 64%
Las magistradas progresistas critican la sentencia contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por falta de pruebas
El voto particular de Ana Ferrer y Susana Polo destaca la ausencia de indicios suficientes para condenar al fiscal por revelación de secretos.
Publicado: 20 de diciembre de 2025, 14:16
Las magistradas del Tribunal Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, han presentado un voto particular que cuestiona la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por falta de pruebas. Sostienen que no hay suficientes indicios para afirmar que García Ortiz filtró un correo relacionado con Alberto González Amador, considerando que su actuación no es delictiva y destacando que los testimonios de los periodistas son creíbles.
El voto particular de 53 páginas plantea dudas sobre la independencia del proceso judicial, señalando que la decisión del presidente de la Sala, Andrés Martínez-Arrieta, de condenar a García Ortiz fue influenciada por intereses políticos. A pesar de la condena, las magistradas enfatizan la necesidad de aclarar las acusaciones en los medios y protegen la percepción pública de la Fiscalía ante las imputaciones relacionadas con Díaz Ayuso.
Este caso ha generado gran atención mediática y pone en relieve los desafíos en la justicia en cuanto a la presión política y el interés público sobre las decisiones judiciales, así como la legitimidad de las acciones del fiscal general.
El voto particular de 53 páginas plantea dudas sobre la independencia del proceso judicial, señalando que la decisión del presidente de la Sala, Andrés Martínez-Arrieta, de condenar a García Ortiz fue influenciada por intereses políticos. A pesar de la condena, las magistradas enfatizan la necesidad de aclarar las acusaciones en los medios y protegen la percepción pública de la Fiscalía ante las imputaciones relacionadas con Díaz Ayuso.
Este caso ha generado gran atención mediática y pone en relieve los desafíos en la justicia en cuanto a la presión política y el interés público sobre las decisiones judiciales, así como la legitimidad de las acciones del fiscal general.