Progresista 100%Conservador 0%
Las magistradas Polo y Ferrer emiten voto particular en caso del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz defendiendo su absolución
Un voto particular que no considera probado que García Ortiz filtrara información, contraponiéndose a la decisión mayoritaria del Tribunal Supremo.
Publicado: 5 de enero de 2026, 06:26
En un reciente desarrollo del caso que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, las magistradas del Tribunal Supremo Susana Polo y Ana Ferrer han emitido un voto particular donde abogan por la absolución de García Ortiz. En este voto, las magistradas señalan que no hay pruebas suficientes que demuestren que el fiscal general filtró un correo, argumentando que no existió delito en la difusión de la nota informativa.
El contenido íntegro del voto particular se encuentra disponible para su consulta, mostrando la postura detallada de Polo y Ferrer. Este desacuerdo subraya la diversidad de opiniones en el ámbito judicial sobre el caso, ya que la mayoría de la sala del Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz. La relevancia de este caso toca aspectos fundamentales sobre la transparencia y la ética en las altas instituciones del Estado, así como la confianza del público en el sistema judicial.
Ambas magistradas, siendo parte del sector progresista del tribunal, han manifestado su postura contraria a la condena, lo que resalta las tensiones dentro del poder judicial y el papel de los magistrados en la interpretación de la ley. La controversia relacionada con el caso continuará generando discusión tanto en círculos políticos como en la opinión pública, destacando la importancia de asegurar que las decisiones judiciales se basen en evidencias verificables.
El contenido íntegro del voto particular se encuentra disponible para su consulta, mostrando la postura detallada de Polo y Ferrer. Este desacuerdo subraya la diversidad de opiniones en el ámbito judicial sobre el caso, ya que la mayoría de la sala del Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz. La relevancia de este caso toca aspectos fundamentales sobre la transparencia y la ética en las altas instituciones del Estado, así como la confianza del público en el sistema judicial.
Ambas magistradas, siendo parte del sector progresista del tribunal, han manifestado su postura contraria a la condena, lo que resalta las tensiones dentro del poder judicial y el papel de los magistrados en la interpretación de la ley. La controversia relacionada con el caso continuará generando discusión tanto en círculos políticos como en la opinión pública, destacando la importancia de asegurar que las decisiones judiciales se basen en evidencias verificables.