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Las investigaciones al Servicio Andaluz de Salud revelan presuntas irregularidades en contratos públicos y generan controversia política en Andalucía
Tres investigaciones judiciales apuntan a la gestión de la gerente del SAS, Valle García, en medio de un clima de creciente escrutinio sobre la contratación pública
Publicado: 15 de enero de 2026, 04:35
En Andalucía, la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está en el centro de una intensa controversia, tras la apertura de una tercera investigación judicial que examina presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública. La investigación se centra en más de 150 contratos adjudicados entre 2020 y 2021, periodo en el que el SAS recurrió con frecuencia a la contratación menor y a la contratación de emergencia. El juez ha apreciado indicios suficientes para investigar posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude contra la administración por parte del SAS.
El contexto detrás de esta investigación se origina en una querella presentada por el PSOE, que denunciaba irregularidades en más de 573 expedientes de contratación. A pesar de la magnitud de las denuncias, el magistrado ha limitado en esta fase la gravedad de las imputaciones. La situación ha suscitado reacciones políticas significativas, y la oposición ha demandado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.
Las implicaciones de estas investigaciones son profundas, colocando la gestión del SAS bajo vigilancia en un clima donde la oposición política cuestiona la falta de transparencia y eficacia en la administración pública. Otro juzgado en Sevilla y Cádiz también está investigando irregularidades, lo que sugiere un patrón preocupante en el manejo de recursos públicos en tiempos de crisis.
El contexto detrás de esta investigación se origina en una querella presentada por el PSOE, que denunciaba irregularidades en más de 573 expedientes de contratación. A pesar de la magnitud de las denuncias, el magistrado ha limitado en esta fase la gravedad de las imputaciones. La situación ha suscitado reacciones políticas significativas, y la oposición ha demandado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.
Las implicaciones de estas investigaciones son profundas, colocando la gestión del SAS bajo vigilancia en un clima donde la oposición política cuestiona la falta de transparencia y eficacia en la administración pública. Otro juzgado en Sevilla y Cádiz también está investigando irregularidades, lo que sugiere un patrón preocupante en el manejo de recursos públicos en tiempos de crisis.