La vivienda, eje central en la agenda electoral del Gobierno y fuente de controversia en España

En el contexto de un creciente debate sobre la crisis de vivienda en España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a posicionar la economía como un factor clave en su estrategia electoral, con énfasis en la falta de acceso a vivienda asequible, lo que ha aumentado la polarización política y social. Las políticas del Ejecutivo enfrentan críticas tanto de la oposición como de expertos y ciudadanos preocupados por el mercado inmobiliario, discutiéndose alternativas como la hipoteca inversa, que podría beneficiar a los mayores de 65 años, aunque su aceptación cultural es un obstáculo. Un reciente análisis de la Universidad de Barcelona indica que la hipoteca inversa podría reducir la tasa de pobreza de los mayores que viven solos en un 65,8%, proporcionando un ingreso adicional medio de 3.300 euros anuales. La crítica hacia las políticas de vivienda del Gobierno ha incrementado, sugiriendo que estas han causado un aumento del 24% en los precios del alquiler y un descenso del 17% en la oferta desde la implementación de la ley de vivienda y que, desde 2021, se han construido apenas 130.000 nuevas viviendas al año, muy por debajo de la necesidad real que está generando la creciente población, que ha aumentado en más de 2 millones desde 2020. Las promesas del Gobierno, como la construcción de 240.000 viviendas sociales, presentan un escepticismo sobre su efectividad, pues la insuficiente creación de nuevas viviendas no se alinea con la creciente demanda. A medida que se aproxima el ciclo electoral, el debate sobre la vivienda y las políticas económicas se intensifica, enfocándose no solo en cifras, sino en las experiencias de la población afectada.