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La UPF solicita a la ONU investigar las anomalías en el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
La intervención es considerada necesaria por las 'graves irregularidades' que afectan la independencia judicial y la confianza pública en España.
Publicado: 5 de diciembre de 2025, 21:52
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado formalmente la intervención de la Relatora Especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, debido a 'graves anomalías' en el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, caracterizado por irregularidades que ponen en riesgo la independencia judicial. Este hecho es visto como sin precedentes en la democracia española y refleja preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial y la confianza pública.
Entre las irregularidades mencionadas, se destaca la centralización de decisiones en un limitado grupo de magistrados, lo que compromete la apariencia de imparcialidad exigida por los Principios Básicos de la ONU sobre independencia de la judicatura. La UPF critica las decisiones de un número reducido de magistrados que participaron en todo el proceso, desde la admisión de las querellas hasta el enjuiciamiento. Asimismo, se denuncia que la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, a pesar de que los hechos investigados se limitaban a 48 horas. Parte de esta información fue posteriormente filtrada a la prensa sin que se llevara a cabo una investigación judicial sobre la procedencia de dichas filtraciones.
La UPF también denuncia comportamientos impropios durante el juicio, como intervenciones en sala que contravienen el deber de neutralidad y un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación que involucró a uno de los magistrados. Los fiscales resaltan que el Tribunal Supremo anunció una decisión condenatoria sin haber publicado aún los fundamentos que la sustentan, lo cual afecta gravemente el derecho de defensa y la confianza en las instituciones judiciales.
El objetivo de la UPF no es desacreditar la justicia en España, sino fortalecer su legitimidad. Los fiscales progresistas afirman que un Poder Judicial fuerte debe ser capaz de recibir críticas, corregir desviaciones y reforzar su capacidad. La UPF solicita a la ONU que considere una visita oficial a España para evaluar el impacto institucional que este caso podría tener y valore si se han vulnerado estándares internacionales de independencia judicial.
Entre las irregularidades mencionadas, se destaca la centralización de decisiones en un limitado grupo de magistrados, lo que compromete la apariencia de imparcialidad exigida por los Principios Básicos de la ONU sobre independencia de la judicatura. La UPF critica las decisiones de un número reducido de magistrados que participaron en todo el proceso, desde la admisión de las querellas hasta el enjuiciamiento. Asimismo, se denuncia que la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, a pesar de que los hechos investigados se limitaban a 48 horas. Parte de esta información fue posteriormente filtrada a la prensa sin que se llevara a cabo una investigación judicial sobre la procedencia de dichas filtraciones.
La UPF también denuncia comportamientos impropios durante el juicio, como intervenciones en sala que contravienen el deber de neutralidad y un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación que involucró a uno de los magistrados. Los fiscales resaltan que el Tribunal Supremo anunció una decisión condenatoria sin haber publicado aún los fundamentos que la sustentan, lo cual afecta gravemente el derecho de defensa y la confianza en las instituciones judiciales.
El objetivo de la UPF no es desacreditar la justicia en España, sino fortalecer su legitimidad. Los fiscales progresistas afirman que un Poder Judicial fuerte debe ser capaz de recibir críticas, corregir desviaciones y reforzar su capacidad. La UPF solicita a la ONU que considere una visita oficial a España para evaluar el impacto institucional que este caso podría tener y valore si se han vulnerado estándares internacionales de independencia judicial.