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La UPF solicita a la ONU investigar las anomalías en el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
La intervención es considerada necesaria por las 'graves irregularidades' que afectan la independencia judicial y la confianza pública en España.
Publicado: 5 de diciembre de 2025, 21:52
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado formalmente la intervención de la Relatora Especial de la ONU debido a 'graves anomalías' en el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, caracterizado por irregularidades que ponen en riesgo la independencia judicial. Este hecho es visto como sin precedentes en la democracia española y refleja preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial y la confianza pública.
Entre las irregularidades mencionadas, se destaca la centralización de decisiones en un limitado grupo de magistrados, la invasividad de las medidas adoptadas durante la investigación, y filtraciones de información a la prensa. La UPF también critica comportamientos de los magistrados que violan el deber de neutralidad y llama a que se evalúe si estas anomalías violan estándares internacionales de independencia judicial.
El objetivo de la UPF no es desacreditar la justicia en España, sino fortalecer su legitimidad y su capacidad para corregir desviaciones que afecten su funcionamiento adecuado. Ellos solicitan a la ONU que considere la revisión de prácticas que puedan comprometer la independencia judicial y proponen una visita oficial para evaluar el impacto institucional del caso.
Entre las irregularidades mencionadas, se destaca la centralización de decisiones en un limitado grupo de magistrados, la invasividad de las medidas adoptadas durante la investigación, y filtraciones de información a la prensa. La UPF también critica comportamientos de los magistrados que violan el deber de neutralidad y llama a que se evalúe si estas anomalías violan estándares internacionales de independencia judicial.
El objetivo de la UPF no es desacreditar la justicia en España, sino fortalecer su legitimidad y su capacidad para corregir desviaciones que afecten su funcionamiento adecuado. Ellos solicitan a la ONU que considere la revisión de prácticas que puedan comprometer la independencia judicial y proponen una visita oficial para evaluar el impacto institucional del caso.