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La Universidad Complutense se persona como perjudicada en el caso de Begoña Gómez por supuesta apropiación indebida de software
La UCM argumenta que pudo sufrir un 'perjuicio económico' en relación a la herramienta vinculada a la cátedra de Gómez.
Publicado: 8 de octubre de 2025, 12:42
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido personarse como perjudicada en la causa judicial abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión está basada en la alegación de que Gómez pudo haber causado un 'perjuicio económico' a la universidad por la supuesta apropiación indebida de un software vinculado a la Cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió hasta 2024.
La Complutense ha aclarado que no solicitará penas de prisión para Gómez, sino que se limita a buscar una indemnización económica en caso de que se confirme su responsabilidad en el proceso judicial. Este enfoque contrasta con el de la Fiscalía que, en informes recientes, ha argumentado que la universidad no ha demostrado sufrir un perjuicio por los hechos investigados, mencionando que no existen indicios de delito por parte de Gómez.
Diferentes medios han reportado el desarrollo de esta situación, centrándose en que el juez Juan Carlos Peinado ha permitido a la universidad reivindicar su status de perjudicado, lo que implica que si se acredita que la mujer del presidente se apropió del software o de alguna marca vinculada a la universidad, se reclamarán daños económicos. En esta diligencia, un representante de la universidad comunicó que buscan ejercer “acciones civiles de reparación del daño presuntamente causado”.
El rector de la universidad, Joaquín Goyache, quien anteriormente estuvo bajo investigación en esta causa, ha autorizado la personación de la Complutense, argumentando que los hechos pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la institución. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las defensas han destacado que no se ha precisado dicho perjuicio económico a lo largo del proceso judicial.
En el marco de las investigaciones, la UCM ha señalado que ha invertido considerablemente en el desarrollo del software y que varias empresas, entre ellas Google e Indra, colaboraron en la creación de la herramienta para la cátedra. El juez ha indicado que debe considerarse a la universidad perjudicada por los posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción, y apropiación indebida. Los investigados en esta causa, además de Gómez, incluyen a su asistente y a un empresario con el que colaboraba.
La Complutense ha enfatizado la importancia de salvaguardar sus intereses en medio de este procedimiento judicial, y ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 41 que le facilite las actuaciones del caso para mejor probar el daño y los posibles perjuicios económicos.
La Complutense ha aclarado que no solicitará penas de prisión para Gómez, sino que se limita a buscar una indemnización económica en caso de que se confirme su responsabilidad en el proceso judicial. Este enfoque contrasta con el de la Fiscalía que, en informes recientes, ha argumentado que la universidad no ha demostrado sufrir un perjuicio por los hechos investigados, mencionando que no existen indicios de delito por parte de Gómez.
Diferentes medios han reportado el desarrollo de esta situación, centrándose en que el juez Juan Carlos Peinado ha permitido a la universidad reivindicar su status de perjudicado, lo que implica que si se acredita que la mujer del presidente se apropió del software o de alguna marca vinculada a la universidad, se reclamarán daños económicos. En esta diligencia, un representante de la universidad comunicó que buscan ejercer “acciones civiles de reparación del daño presuntamente causado”.
El rector de la universidad, Joaquín Goyache, quien anteriormente estuvo bajo investigación en esta causa, ha autorizado la personación de la Complutense, argumentando que los hechos pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la institución. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las defensas han destacado que no se ha precisado dicho perjuicio económico a lo largo del proceso judicial.
En el marco de las investigaciones, la UCM ha señalado que ha invertido considerablemente en el desarrollo del software y que varias empresas, entre ellas Google e Indra, colaboraron en la creación de la herramienta para la cátedra. El juez ha indicado que debe considerarse a la universidad perjudicada por los posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción, y apropiación indebida. Los investigados en esta causa, además de Gómez, incluyen a su asistente y a un empresario con el que colaboraba.
La Complutense ha enfatizado la importancia de salvaguardar sus intereses en medio de este procedimiento judicial, y ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 41 que le facilite las actuaciones del caso para mejor probar el daño y los posibles perjuicios económicos.