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La Unión Europea aprueba nuevas medidas migratorias que endurecen la política de deportación, generando controversia en España.
Las resoluciones incluyen la creación de centros de deportación en terceros países, lo que preocupa a las autoridades españolas.
Publicado: 2 de enero de 2026, 19:38
La política migratoria de la Unión Europea (UE) ha experimentado un giro notable con la reciente aprobación de medidas que buscan acelerar la deportación de inmigrantes irregulares. En una reunión de ministros del Interior de los 27 Estados miembros, se acordó la implementación de centros de deportación en países considerados seguros, inspirados en el modelo adoptado por Italia bajo la dirección de Giorgia Meloni. Esta decisión ha suscitado preocupación en España, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado serias dudas jurídicas, políticas y económicas sobre tales políticas y su compatibilidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
La convención revisada permite a la UE declarar ciertos países como 'seguros' para procesar solicitudes de asilo, incluso si los solicitantes no tienen lazos con estos países. Esto implica que la conexión previa entre el migrante y el país de retorno ya no es obligatoria, facilitando las deportaciones. Estas medidas se producen en un contexto de endurecimiento de posturas por parte de varios países europeos frente a la llegada de migrantes irregulares.
Las tensiones en Badalona, España, reflejan el impacto local de estas políticas, con el desalojo de migrantes del antiguo instituto B9 que ha generado protestas. El alcalde ha defendido su decisión de no proporcionar alternativas de alojamiento, mientras grupos sociales critican al gobierno por su falta de respuesta humanitaria. La situación se complica aún más con el rechazo de ciertos países, como el primero ministro húngaro, a seguir las nuevas directrices de la UE, planteando dilemas éticos y legales en la gestión de la migración en Europa.
La convención revisada permite a la UE declarar ciertos países como 'seguros' para procesar solicitudes de asilo, incluso si los solicitantes no tienen lazos con estos países. Esto implica que la conexión previa entre el migrante y el país de retorno ya no es obligatoria, facilitando las deportaciones. Estas medidas se producen en un contexto de endurecimiento de posturas por parte de varios países europeos frente a la llegada de migrantes irregulares.
Las tensiones en Badalona, España, reflejan el impacto local de estas políticas, con el desalojo de migrantes del antiguo instituto B9 que ha generado protestas. El alcalde ha defendido su decisión de no proporcionar alternativas de alojamiento, mientras grupos sociales critican al gobierno por su falta de respuesta humanitaria. La situación se complica aún más con el rechazo de ciertos países, como el primero ministro húngaro, a seguir las nuevas directrices de la UE, planteando dilemas éticos y legales en la gestión de la migración en Europa.