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La UE obliga a Polonia y Hungría a reconocer matrimonios igualitarios contraídos en otros estados miembros
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que todos los países de la UE deben aceptar estos matrimonios para garantizar la libertad de circulación.
Publicado: 26 de noviembre de 2025, 13:42
En una decisión pionera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que todos los Estados miembros de la Unión están obligados a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo si este ha sido legalmente contraído en otro país de la UE. Esta sentencia responde a un caso planteado por dos ciudadanos polacos que se casaron en Alemania, quienes solicitaron que su matrimonio fuera reconocido en Polonia, donde dicha unión no está permitida.
La decisión del TJUE subraya que la negativa a reconocer estas uniones va en contra del derecho europeo, al impedimento de la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos europeos. Al ordenar que se respeten los derechos de los ciudadanos que ejercen su libertad de movimiento, el tribunal ha creado un precedente legal que, aunque no obliga a los Estados a cambiar sus leyes internas sobre el matrimonio, sí compromete su capacidad para ignorar un derecho fundamental en sus territorios.
La sentencia, publicada el 25 de noviembre de 2025, también establece que el rechazo a reconocer matrimonios igualitarios no solo infringe la libertad de circulación, sino que además vulnera el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar. El impacto de esta sentencia trasciende el momento actual y puede repercutir en las políticas de otros países de la región como Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, donde el rechazo a este tipo de matrimonio está enraizado en tradiciones conservadoras. A medida que la presión de la UE aumenta, se abre un debate sobre la equidad de derechos en Europa y las tensiones culturales que surgen entre los principios de la Unión y las identidades nacionales de sus Estados miembros.
La secretaria de Estado polaca, Katarzyna Kotula, ha celebrado esta decisión como un paso importante hacia la igualdad matrimonial. Sin embargo, el presidente Karol Nawrocki, abiertamente contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo, mantiene su capacidad de veto, lo que complica cualquier reforma sustancial. Esto deja a Polonia en una situación contradictoria: tener que reconocer matrimonios celebrados en otros Estados miembros, aunque no modifique su propia definición del matrimonio.
En Hungría, la situación es igualmente delicada. La Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el primer ministro Viktor Orban ha impulsado una narrativa centrada en la defensa de la "familia tradicional". La reciente sentencia del TJUE supone un desafío significativo para su gobierno. Además, se ha discutido la necesidad de que el Parlamento húngaro legisle mecanismos para el reconocimiento de matrimonios igualitarios extranjeros, algo que podría abrir espacios para derechos adicionales.
Las tensiones entre el derecho europeo y las resoluciones nacionales continúan, ya que, aunque más de la mitad de los países de la UE reconocen el matrimonio igualitario, otros varios defienden visiones muy conservadoras. La sentencia resuena particularmente en un contexto donde todos los ciudadanos europeos tienen el derecho de vivir y trabajar en cualquier Estado miembro, lo que convierte a la cuestión del matrimonio igualitario en un tema vital de derechos humanos en Europa.
La decisión del TJUE subraya que la negativa a reconocer estas uniones va en contra del derecho europeo, al impedimento de la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos europeos. Al ordenar que se respeten los derechos de los ciudadanos que ejercen su libertad de movimiento, el tribunal ha creado un precedente legal que, aunque no obliga a los Estados a cambiar sus leyes internas sobre el matrimonio, sí compromete su capacidad para ignorar un derecho fundamental en sus territorios.
La sentencia, publicada el 25 de noviembre de 2025, también establece que el rechazo a reconocer matrimonios igualitarios no solo infringe la libertad de circulación, sino que además vulnera el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar. El impacto de esta sentencia trasciende el momento actual y puede repercutir en las políticas de otros países de la región como Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, donde el rechazo a este tipo de matrimonio está enraizado en tradiciones conservadoras. A medida que la presión de la UE aumenta, se abre un debate sobre la equidad de derechos en Europa y las tensiones culturales que surgen entre los principios de la Unión y las identidades nacionales de sus Estados miembros.
La secretaria de Estado polaca, Katarzyna Kotula, ha celebrado esta decisión como un paso importante hacia la igualdad matrimonial. Sin embargo, el presidente Karol Nawrocki, abiertamente contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo, mantiene su capacidad de veto, lo que complica cualquier reforma sustancial. Esto deja a Polonia en una situación contradictoria: tener que reconocer matrimonios celebrados en otros Estados miembros, aunque no modifique su propia definición del matrimonio.
En Hungría, la situación es igualmente delicada. La Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el primer ministro Viktor Orban ha impulsado una narrativa centrada en la defensa de la "familia tradicional". La reciente sentencia del TJUE supone un desafío significativo para su gobierno. Además, se ha discutido la necesidad de que el Parlamento húngaro legisle mecanismos para el reconocimiento de matrimonios igualitarios extranjeros, algo que podría abrir espacios para derechos adicionales.
Las tensiones entre el derecho europeo y las resoluciones nacionales continúan, ya que, aunque más de la mitad de los países de la UE reconocen el matrimonio igualitario, otros varios defienden visiones muy conservadoras. La sentencia resuena particularmente en un contexto donde todos los ciudadanos europeos tienen el derecho de vivir y trabajar en cualquier Estado miembro, lo que convierte a la cuestión del matrimonio igualitario en un tema vital de derechos humanos en Europa.