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La UE impone un giro radical en su política migratoria, respaldando el modelo de deportación de Meloni y restringiendo los derechos de los migrantes
Los países de la UE aprueban la creación de centros en terceros países y revisan la Convención de los Derechos Humanos para facilitar las deportaciones.
Publicado: 8 de enero de 2026, 09:54
En un contexto marcado por el aumento de la presión migratoria, la Unión Europea (UE) ha adoptado una serie de medidas drásticas para endurecer sus políticas migratorias. Este giro, promovido especialmente por los gobiernos de Italia y Dinamarca, incluye la creación de centros de deportación en terceros países y la revisión del concepto de 'tercer país seguro'. Las nuevas regulaciones permiten a los Estados miembros rechazar solicitudes de asilo basándose en la posibilidad de que los solicitantes hayan recibido protección en países que la UE considera seguros.
El 8 de diciembre de 2025, los ministros del Interior de los 27 países de la Unión aprobaron un reglamento que facilita el envío de migrantes a estos centros de deportación, siguiendo el modelo desarrollado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania. A pesar de que España se opuso, el avance en la implementación de estas normativas siguió adelante. También ha surgido un debate sobre la posible flexibilización de la Convención Europea de Derechos Humanos, a fin de permitir a los Estados expulsar a migrantes que hayan delinquido, lo que ha generado controversia y preocupaciones sobre la erosión de los derechos migratorios en Europa.
Las nuevas normativas han sido justificadas como una medida para resolver la crisis migratoria y reducir el número de cruces peligrosos del Mediterráneo. La UE parece alinearse con propuestas de derecha que abogan por un enfoque más duro en el control migratorio, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos humanos y la integración de los migrantes.
El 8 de diciembre de 2025, los ministros del Interior de los 27 países de la Unión aprobaron un reglamento que facilita el envío de migrantes a estos centros de deportación, siguiendo el modelo desarrollado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania. A pesar de que España se opuso, el avance en la implementación de estas normativas siguió adelante. También ha surgido un debate sobre la posible flexibilización de la Convención Europea de Derechos Humanos, a fin de permitir a los Estados expulsar a migrantes que hayan delinquido, lo que ha generado controversia y preocupaciones sobre la erosión de los derechos migratorios en Europa.
Las nuevas normativas han sido justificadas como una medida para resolver la crisis migratoria y reducir el número de cruces peligrosos del Mediterráneo. La UE parece alinearse con propuestas de derecha que abogan por un enfoque más duro en el control migratorio, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos humanos y la integración de los migrantes.