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La UE fortalece sus políticas migratorias: deportaciones, centros de retorno y reacciones de Estados miembros
A medida que se endurecen las políticas migratorias, España y otros países enfrentan un dilema entre derechos humanos y control de fronteras.
Publicado: 16 de enero de 2026, 16:03
En un contexto de creciente presión migratoria, la Unión Europea (UE) ha decidido adoptar medidas más estrictas en sus políticas migratorias, lo que ha generado reacciones variadas entre los Estados miembros, incluidos varios desacuerdos notables con la postura de España.
El pasado 8 de diciembre, los ministros de Interior de los Estados miembros se reunieron en Bruselas y acordaron un nuevo paquete de medidas que, contrariamente a las suposiciones de algunos, no busca fomentar la acogida de inmigrantes irregulares, sino facilitar sus deportaciones. Este paquete incluye la creación de centros de retorno en países fuera de la UE, donde los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada podrán ser enviados. A pesar de las críticas, se acordó la reubicación de 21,000 migrantes y la asignación de 420 millones de euros en asistencia, cifras inferiores a las propuestas inicialmente por España, lo que refleja tensiones internas sobre cómo abordar la crisis migratoria.
Frente a estas medidas, se ha alertado sobre el riesgo de que el endurecimiento de políticas migratorias exacerbe el racismo y la xenofobia en los países de la UE. La percepción de Europa como una 'fortaleza' que rechaza la inmigración plantea un dilema moral y político que la UE deberá abordar, especialmente con modificaciones a la definición de 'tercer país seguro' que intensificarán la controvertida discusión sobre los derechos de los solicitantes de asilo.
El pasado 8 de diciembre, los ministros de Interior de los Estados miembros se reunieron en Bruselas y acordaron un nuevo paquete de medidas que, contrariamente a las suposiciones de algunos, no busca fomentar la acogida de inmigrantes irregulares, sino facilitar sus deportaciones. Este paquete incluye la creación de centros de retorno en países fuera de la UE, donde los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada podrán ser enviados. A pesar de las críticas, se acordó la reubicación de 21,000 migrantes y la asignación de 420 millones de euros en asistencia, cifras inferiores a las propuestas inicialmente por España, lo que refleja tensiones internas sobre cómo abordar la crisis migratoria.
Frente a estas medidas, se ha alertado sobre el riesgo de que el endurecimiento de políticas migratorias exacerbe el racismo y la xenofobia en los países de la UE. La percepción de Europa como una 'fortaleza' que rechaza la inmigración plantea un dilema moral y político que la UE deberá abordar, especialmente con modificaciones a la definición de 'tercer país seguro' que intensificarán la controvertida discusión sobre los derechos de los solicitantes de asilo.