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La UCO revela un entramado de corrupción en la adjudicación de obras públicas por 264,5 millones de euros
La investigación implica a altos funcionarios, incluyendo a Javier Herrero y a Isabel Pardo de Vera, en un escándalo de favoritismo hacia empresas vinculadas a la trama.
Publicado: 9 de julio de 2025, 07:08
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que Javier Herrero, ex director general de Carreteras, participó en un esquema de corrupción que favoreció la adjudicación de obras públicas por un total de 264,5 millones de euros a empresas vinculadas. La investigación ha revelado un entramado de corrupción que afecta a varios altos funcionarios, incluido Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, quien estuvo involucrado en varias adjudicaciones.
Herrero actuó bajo la dirección de García para beneficiar a empresas como Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción en licitaciones importantes, incluyendo una obra valorada en 92,4 millones de euros. Además, Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, también fue implicada en la manipulación de licitaciones, siendo acusada de favorecer a empresas específicas mediante instrucciones de García, que suman más de 123 millones de euros.
Este escándalo ha generado no solo una alarma pública, sino también un contexto de reformas legislativas para prevenir futuros casos de corrupción en el país. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que incluye la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente para supervisar y coordinar los esfuerzos en la lucha anticorrupción. Entre las 15 medidas propuestas, se incluye la aplicación de inteligencia artificial en los procesos de adjudicación para detectar irregularidades y la instauración de un sistema de listas negras de empresas condenadas por corrupción para impedir su contratación por la administración pública.
Ambos funcionarios están siendo citados por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus implicaciones en un esquema de corrupción más amplio, donde los intereses personales y de partido comprometieron la integridad de las adjudicaciones públicas. La UCO ha resaltado la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de adjudicación de contratos del gobierno, y con las nuevas medidas se busca no solo castigar a los culpables, sino también evitar que ocurran casos similares en el futuro. Sánchez afirmó que este es un paso significativo para restaurar la confianza pública y recuperar lo robado a la sociedad española.
Herrero actuó bajo la dirección de García para beneficiar a empresas como Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción en licitaciones importantes, incluyendo una obra valorada en 92,4 millones de euros. Además, Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, también fue implicada en la manipulación de licitaciones, siendo acusada de favorecer a empresas específicas mediante instrucciones de García, que suman más de 123 millones de euros.
Este escándalo ha generado no solo una alarma pública, sino también un contexto de reformas legislativas para prevenir futuros casos de corrupción en el país. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que incluye la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente para supervisar y coordinar los esfuerzos en la lucha anticorrupción. Entre las 15 medidas propuestas, se incluye la aplicación de inteligencia artificial en los procesos de adjudicación para detectar irregularidades y la instauración de un sistema de listas negras de empresas condenadas por corrupción para impedir su contratación por la administración pública.
Ambos funcionarios están siendo citados por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus implicaciones en un esquema de corrupción más amplio, donde los intereses personales y de partido comprometieron la integridad de las adjudicaciones públicas. La UCO ha resaltado la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de adjudicación de contratos del gobierno, y con las nuevas medidas se busca no solo castigar a los culpables, sino también evitar que ocurran casos similares en el futuro. Sánchez afirmó que este es un paso significativo para restaurar la confianza pública y recuperar lo robado a la sociedad española.