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La UCO revela un entramado de corrupción en la adjudicación de obras públicas por 264,5 millones de euros
La investigación implica a altos funcionarios, incluyendo a Javier Herrero y a Isabel Pardo de Vera, en un escándalo de favoritismo hacia empresas vinculadas a la trama.
Publicado: 9 de julio de 2025, 07:08
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que Javier Herrero, ex director general de Carreteras, participó en un esquema de corrupción que favoreció la adjudicación de obras públicas por un total de 264,5 millones de euros a empresas vinculadas. La investigación ha revelado un entramado de corrupción que afecta a varios altos funcionarios, incluido Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, quien estuvo involucrado en varias adjudicaciones.
Herrero actuó bajo la dirección de García para beneficiar a empresas como Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción en licitaciones importantes, incluyendo una obra valorada en 92,4 millones de euros. Además, Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, también fue implicada en la manipulación de licitaciones, siendo acusada de favorecer a empresas específicas mediante instrucciones de García, que suman más de 123 millones de euros.
Ambos funcionarios están siendo citados por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus implicaciones en un esquema de corrupción más amplio, donde los intereses personales y de partido comprometieron la integridad de las adjudicaciones públicas. La UCO ha resaltado la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de adjudicación de contratos del gobierno.
Herrero actuó bajo la dirección de García para beneficiar a empresas como Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción en licitaciones importantes, incluyendo una obra valorada en 92,4 millones de euros. Además, Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, también fue implicada en la manipulación de licitaciones, siendo acusada de favorecer a empresas específicas mediante instrucciones de García, que suman más de 123 millones de euros.
Ambos funcionarios están siendo citados por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus implicaciones en un esquema de corrupción más amplio, donde los intereses personales y de partido comprometieron la integridad de las adjudicaciones públicas. La UCO ha resaltado la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de adjudicación de contratos del gobierno.