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La UCO revela que un millón de euros fueron destinados para sobornar al exministro Ábalos en una trama de hidrocarburos
La Guardia Civil vincula a José Luis Ábalos con la compra de un chalet a cambio de influencias en la concesión de licencias.
Publicado: 12 de diciembre de 2025, 03:15
Según un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aproximadamente un millón de euros fueron destinados a sobornar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, dentro del marco de una trama de hidrocarburos que busca obtener licencias de operación en el mercado mayorista. El informe, presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, detalla la estructura y métodos utilizados por los implicados.
La investigación indica que la organización criminal, dirigida por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, empleó este dinero en sobornos a funcionarios públicos para asegurar concesiones administrativas a la empresa Villafuel S.L. a pesar de no cumplir con los requisitos legales. Los pagos encubiertos incluyeron transferencias y la adquisición de un chalet en La Alcaidesa, Cádiz. A través de un entramado de empresas, el grupo consiguió influencias para la obtención de permisos y licencias, llevando a cabo un fraude fiscal cuantificado en más de 49 millones de euros durante 2021 y 2022.
La fiscalía ha solicitado penas que ascienden a 24 años de prisión para Ábalos, y su situación se complica tras su procesamiento por diversos delitos, incluyendo organización criminal y tráfico de influencias. Este caso se suma a otros de corrupción, lo que reafirma un patrón de mala conducta en la gestión de contratos gubernamentales, mientras la investigación y la atención pública continúan en torno a este escándalo.
La investigación indica que la organización criminal, dirigida por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, empleó este dinero en sobornos a funcionarios públicos para asegurar concesiones administrativas a la empresa Villafuel S.L. a pesar de no cumplir con los requisitos legales. Los pagos encubiertos incluyeron transferencias y la adquisición de un chalet en La Alcaidesa, Cádiz. A través de un entramado de empresas, el grupo consiguió influencias para la obtención de permisos y licencias, llevando a cabo un fraude fiscal cuantificado en más de 49 millones de euros durante 2021 y 2022.
La fiscalía ha solicitado penas que ascienden a 24 años de prisión para Ábalos, y su situación se complica tras su procesamiento por diversos delitos, incluyendo organización criminal y tráfico de influencias. Este caso se suma a otros de corrupción, lo que reafirma un patrón de mala conducta en la gestión de contratos gubernamentales, mientras la investigación y la atención pública continúan en torno a este escándalo.