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La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza en una operación por corrupción que incluye varias detenciones.
La investigación abarca múltiples provincias y se centra en irregularidades en contratos públicos relacionados con la exmilitante del PSOE Leire Díez.
Publicado: 15 de diciembre de 2025, 02:28
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo una serie de registros en empresas vinculadas al grupo aragonés Forestalia, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos. Esta operación se desarrolla con secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y ha llevado a la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán del PSOE.
Los registros, que ascienden a un total de diecinueve, se realizan en varias ciudades, incluyendo Zaragoza, Madrid y Sevilla. Según fuentes citadas por EFE, la acción en la sede de Forestalia está relacionada con contratos públicos sospechosos. La empresa, pionera en energías renovables y recientemente enfocada en el ámbito digital, se encuentra en el centro de la polémica por su asociación con Servinabar, vinculada a los arrestados.
Díez está acusada de cohecho y tráfico de influencias, presuntamente intentando interferir en investigaciones judiciales mediante reuniones con fiscales y altos mandos de la Guardia Civil. Vicente Fernández ha estado en el centro de varias acusaciones de corrupción y fue imputado por amaños en licitaciones. La operación está siendo seguida de cerca por la opinión pública y los medios, dada su trascendencia en la política española y el sector empresarial involucrado.
Los registros, que ascienden a un total de diecinueve, se realizan en varias ciudades, incluyendo Zaragoza, Madrid y Sevilla. Según fuentes citadas por EFE, la acción en la sede de Forestalia está relacionada con contratos públicos sospechosos. La empresa, pionera en energías renovables y recientemente enfocada en el ámbito digital, se encuentra en el centro de la polémica por su asociación con Servinabar, vinculada a los arrestados.
Díez está acusada de cohecho y tráfico de influencias, presuntamente intentando interferir en investigaciones judiciales mediante reuniones con fiscales y altos mandos de la Guardia Civil. Vicente Fernández ha estado en el centro de varias acusaciones de corrupción y fue imputado por amaños en licitaciones. La operación está siendo seguida de cerca por la opinión pública y los medios, dada su trascendencia en la política española y el sector empresarial involucrado.