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La UCO investiga la sede de Forestalia en Zaragoza por presuntas irregularidades en contratos públicos
La operación que involucra múltiples registros y detenciones de ex figuras del PSOE se desarrolla bajo secreto de sumario.
Publicado: 12 de diciembre de 2025, 14:53
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo registros en diversas sedes empresariales relacionadas con una investigación que ha resultado en varias detenciones, entre ellas las de la exmilitante socialista Leire Díez y el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández. La operación, bajo el auspicio del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la Fiscalía Anticorrupción, se desarrolla bajo secreto de sumario.
Uno de los registros más destacados se realiza en la sede de Forestalia, empresa implicada en la producción de energía renovable, que ha ganado notoriedad por su participación en proyectos como parques eólicos y la instalación de futuras gigafactorías de baterías eléctricas. Hasta ahora, se han realizado 19 registros en diferentes provincias, y las investigaciones continúan activas, aunque no se prevén nuevas detenciones inmediatas.
Leire Díez está vinculada a intentos de soborno hacia fiscales, mientras que Vicente Fernández está bajo investigación por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. La situación se encuentra en desarrollo y tiene implicaciones legales para diversos actores en el ámbito político y empresarial.
Uno de los registros más destacados se realiza en la sede de Forestalia, empresa implicada en la producción de energía renovable, que ha ganado notoriedad por su participación en proyectos como parques eólicos y la instalación de futuras gigafactorías de baterías eléctricas. Hasta ahora, se han realizado 19 registros en diferentes provincias, y las investigaciones continúan activas, aunque no se prevén nuevas detenciones inmediatas.
Leire Díez está vinculada a intentos de soborno hacia fiscales, mientras que Vicente Fernández está bajo investigación por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. La situación se encuentra en desarrollo y tiene implicaciones legales para diversos actores en el ámbito político y empresarial.