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La UCO concluye que la trama de hidrocarburos sobornó a Ábalos con un millón de euros para obtener licencias
Un informe detalla cómo la organización criminal influyó en los ministerios a través del uso de dádivas y un chalet de lujo.
Publicado: 13 de diciembre de 2025, 21:59
En un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha concluido que una trama de hidrocarburos sobornó al exministro de Transportes José Luis Ábalos con aproximadamente un millón de euros para obtener licencias necesarias para operar en el sector. De esa cantidad, 585.000 euros fueron utilizados en la compra de un chalet que fue escogido personalmente por Ábalos. A pesar de que las gestiones para obtener la licencia no prosperaron, se detectaron pagos adicionales a otros implicados por sus mediaciones en el proceso.
La UCO ha documentado que la organización generó un fraude millonario estimado en 49 millones de euros, parte de cual fue dedicado a comprar la voluntad de funcionarios públicos y que provocó la necesidad de medidas más estrictas contra la corrupción. Además, el Tribunal Supremo ha solicitado fianzas de 60.000 euros para Ábalos y otros implicados, poniendo en jaque no solo la reputación de los involucrados, sino también la confianza del público en las instituciones del gobierno.
Las acusaciones populares han solicitado penas de hasta 30 años de cárcel, evidenciando así la gravedad del escándalo y la implicación de más vínculos con adjudicaciones irregulares en obras públicas, revelando la infiltración de la organización en la administración pública y la necesidad de transparencia en la democracia.
La UCO ha documentado que la organización generó un fraude millonario estimado en 49 millones de euros, parte de cual fue dedicado a comprar la voluntad de funcionarios públicos y que provocó la necesidad de medidas más estrictas contra la corrupción. Además, el Tribunal Supremo ha solicitado fianzas de 60.000 euros para Ábalos y otros implicados, poniendo en jaque no solo la reputación de los involucrados, sino también la confianza del público en las instituciones del gobierno.
Las acusaciones populares han solicitado penas de hasta 30 años de cárcel, evidenciando así la gravedad del escándalo y la implicación de más vínculos con adjudicaciones irregulares en obras públicas, revelando la infiltración de la organización en la administración pública y la necesidad de transparencia en la democracia.