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La Sareb intensifica sus acciones legales y estratégicas ante la inminente transferencia de activos a Sepes
El banco malo busca recuperar viviendas en litigio mientras prepara su desinvestición y traspaso de activos a la nueva empresa pública.
Publicado: 28 de junio de 2025, 12:38
La Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el banco malo, ha presentado demandas contra 20 empresas para recuperar aproximadamente 820 casas alquiladas bajo contratos que considera irregulares. Estas acciones buscan anular acuerdos que operan en un marco legal cuestionable, advirtiendo a los inquilinos de un posible desalojo, aunque se prevén medidas para proteger a familias vulnerables.
Simultáneamente, la Sareb se encuentra en proceso de transferir cerca de 30.000 viviendas a la empresa pública Sepes para gestionar la crisis de vivienda asequible en España. Este movimiento es parte de una estrategia para ajustar su balance y atender la creciente demanda de vivienda en el país. Se espera que el Consejo de Ministros apruebe pronto los detalles de esta transición, que incluye preparar viviendas y terrenos para proyectos de construcción a precios accesibles.
Ambas iniciativas reflejan la urgencia de abordar la situación del mercado inmobiliario y sus efectos en las familias afectadas, al tiempo que plantean interrogantes sobre la gestión legal y económica de los activos en su poder.
Simultáneamente, la Sareb se encuentra en proceso de transferir cerca de 30.000 viviendas a la empresa pública Sepes para gestionar la crisis de vivienda asequible en España. Este movimiento es parte de una estrategia para ajustar su balance y atender la creciente demanda de vivienda en el país. Se espera que el Consejo de Ministros apruebe pronto los detalles de esta transición, que incluye preparar viviendas y terrenos para proyectos de construcción a precios accesibles.
Ambas iniciativas reflejan la urgencia de abordar la situación del mercado inmobiliario y sus efectos en las familias afectadas, al tiempo que plantean interrogantes sobre la gestión legal y económica de los activos en su poder.